Mediante una resolución de vísperas de Año Nuevo, el Gobierno Petro decidió suspender las facultades que en materia minera tenía el departamento de Antioquia. En ejercicio de sus funciones como autoridad minera, el Ministerio de Minas y Energía delegó desde el año 2001 en las gobernaciones de Antioquia, Caldas, Norte de Santander, Cesar, Boyacá y Bolívar las funciones de fiscalización minera dentro de la jurisdicción del respectivo departamento y en determinados minerales. Con el tiempo, y al vaivén de las transformaciones institucionales del sector, la Agencia Nacional de Minería fue reasumiendo las funciones delegadas a esas entidades territoriales, excepción hecha de Antioquia.

Los departamentos excluidos acusaron el golpe con resignación y, salvo algunas excepciones, apenas reclamaron por el cercenamiento de su autonomía. Antioquia, como ahora, defendió desde siempre su fuero en el manejo de sus asuntos mineros; sus credenciales: ser un departamento minero por excelencia y contar con capacidades institucionales para ejercer bien esas competencias. La resolución del presidente de la Agencia Nacional de Minería no logra justificar la medida; lo intenta con argumentos jurídicoconstitucionales bastante débiles y se equivoca cuando aduce razones de eficiencia a favor de la concentración de las decisiones en esa Agencia nacional.

Descontadas esas explicaciones que a nadie convencen, tal determinación sí le asesta un duro golpe a la autonomía territorial; desde esa perspectiva es una decisión retrógrada porque nos devuelve al pasado y no consulta los reclamos de vastos sectores de la opinión que insisten en un reordenamiento de las relaciones de poder entre el Estado central y las entidades territoriales. Nada tan anclado al territorio como la minería; sobre todo aquella que tenga que ver con la minería tradicional, ancestral, informal y de subsistencia. En Colombia el 80% de la minería es informal y requiere por eso un acompañamiento mucho más cercano y permanente del Estado.

Nunca los demás departamentos debieron perder esa competencia; hoy subsisten gravísimos problemas de ineficiencia en la Agencia Nacional de Minería, los procesos son lentos y los trámites costosos, cuando no mediados por la corrupción. No hay que olvidar que uno de los nidos del Estado donde puso sus huevitos el entramado de Las Marionetas fue en esa Agencia. Este manotazo a la autonomía territorial, que nos afecta a todos, destapó además la caja de pandora de la crispada relación que empieza a aflorar entre el presidente Petro y algunos departamentos y municipios de Colombia, sobre todo a partir de las elecciones territoriales pasadas.

Muchos antioqueños piensan que la reversión de competencias sobre minería, no es más que una retaliación de Petro por la derrota contundente que allí le propinaron. Algunas declaraciones recientes del ministro de Transporte sobre la falta de financiación de las vías 4G en ese departamento profundizan esa sensación. Desde ese punto de vista no les falta razón a quienes piensan de esa manera cuando afirman que lo que Petro está haciendo es desafiar a un departamento, cuyo pueblo no les es afín políticamente.

Hace más de un año se viene discutiendo en el seno de una comisión accidental que se integró en el Congreso, una reforma al código minero; se espera que, en el próximo período legislativo, se presente por fin la iniciativa. Simultáneamente se está proponiendo la creación de la Empresa Colombiana de Minería (Ecominerales), que según el texto del proyecto será la encargada de ejecutar los trabajos de exploración, producción y comercialización de los minerales llamados de transición energética como cobre, litio, molibdeno, níquel, cobalto, hierro y magnesio. Si viene en camino una profunda reforma a la institucionalidad minera, ¿no hubiera sido más oportuno prorrogar las competencias de Antioquia en materia de minería, hasta tanto se aprobara o no, esa reforma?

La política minera y la autonomía territorial son temas demasiado complejos y problemáticos, para intervenir en ellos sin la absoluta convicción de estar pensando solo con la mira puesta en el bien común. No es bueno dejar la sensación de que se actúa por parte del gobernante con ánimo vindicativo y desafiante frente a un sector social o un territorio. Lo que sí no es una mera sensación es que esta decisión sí es inoportuna y retrógrada. En el Congreso defenderé con toda convicción el que los departamentos asuman las competencias para manejar lo que tiene que ver con la actividad minera en los territorios. La oportunidad de hacerlo está en la discusión sobre las normas que se empiezan a tramitar.