La semana pasada miles de personas que habían comprado tiquetes de viaje de la aerolínea Viva Air, se quedaron varados en distintos aeropuertos de Colombia. La empresa de manera intempestiva decidió suspender operaciones aduciendo insalvables dificultades económicas.
El transporte aéreo siempre ha sido muy importante para Colombia. Fuimos uno de los primeros países del mundo en desarrollar una verdadera industria aérea como respuesta al desafío de nuestra arisca geografía. No obstante, el desarrollo de otros modos de transporte, el aéreo sigue siendo fundamental en la conexión entre nuestras regiones y ciudades distantes. Prevalecen sí, ineficiencias tales como tener que ir casi siempre a Bogotá para entrar o salir de otros sitos del país y del exterior.
Aunque siempre ha habido quejas sobre la mala calidad del servicio de ciertas aerolíneas, estas se han venido agudizando y generalizando en los últimos tiempos; incumplimientos en los itinerarios, excesivos costos de los pasajes, maltrato a los pasajeros, cancelaciones injustificadas, etc., son flor de cada día.
La opinión pública esta exacerbada y con razón; la trama que se ha venido conociendo luego, no explica sin embargo por qué cerca de un millón de personas se quedaron sin poder viajar en un país donde el mercado aéreo está regulado, y donde además existe un prolijo marco institucional que debió responder con diligencia a una crisis que no es nueva y que se venía, muy al contrario, incubando de tiempo atrás.
El transporte aéreo fue una de las actividades económicas más gravemente afectadas por la pandemia; muchas compañías sobrevivieron al desastre porque fueron apoyadas por sus gobiernos; en Colombia, por ejemplo, el Gobierno extendió garantía al crédito que adquirió Viva Air con los bancos Davivienda y Santander por valor de 74.000 millones de pesos. De no darse la integración y ante la situación insalvable de Viva Air, el gobierno colombiano tendría que responder por esta deuda.
Ocurrió que ni con esta ayuda, Viva Air, logró superar sus contingencias; hace poco menos de un año venía dando señales de que estaba en una situación económica insostenible. Esa fue la razón por la cual dijo tener que negociar con Avianca la venta de sus derechos económicos, mas no los políticos según nos dicen, para, de una parte, salvar la compañía, y de otra, no incurrir en el fenómeno de la integración empresarial que eventualmente pudiera violentar las normas del libre mercado.
Hace más de 7 meses y cabalgando sobre estas contingencias, Avianca presentó una solicitud a la Aeronáutica Civil para que autorizara la integración. En principio la agencia estatal negó dicha autorización sobre la base de que la compra de los derechos económicos de Viva Air le otorgaba a Avianca una posición de monopolio en el mercado aéreo del país pues se quedaría con un poco más del 60 por ciento de las rutas y de los slots (permisos de llegada y salida de aviones) del aeropuerto El Dorado de Bogotá.
La decisión de negar la integración quedó en veremos, pues la misma Aerocivil encontró argumentos para anular el procedimiento; al día de hoy la decisión no se ha tomado. Se ha anunciado varias veces y varias veces se ha aplazado. Estaba prevista para ayer viernes y ya dijo el ministro de Transporte que se tardaban hasta el próximo martes 21 de marzo.
La discusión sobre este tema ha sido prolija y no ha estado exenta de prejuicios e intereses creados. La carga de las responsabilidades ha recaído en las empresas aéreas y especialmente en Avianca, la gran jugadora en este escenario enrarecido. El Gobierno ha jugado de niño bueno e inocente protagonista en la novela. Y en la mitad han quedado expósitas casi un millón de personas ultrajadas, que han sentido violentados sus derechos como ciudadanos y consumidores.
Ya aparecieron en manada los que hasta ayer nada vieron y nada hicieron: la Superintendencia de Transporte, la Fiscalía, la Contraloría, la Superintendencia de Industria y Comercio, el ministro de Transporte y la Procuraduría. Esperemos que los intereses de los ciudadanos no se sigan diluyendo en la hojarasca de protagonistas que ahora reclaman un lugar en el escenario de la crisis para aparecer como los salvadores.
Esta situación lamentable que afectó a muchas personas pudo haberse evitado de contar con un Estado más eficiente, y unos funcionarios más atentos a cumplir con sus responsabilidades legales.
Las decisiones que están por venir no solo tienen que ser apegadas con rigor a la Ley sino   también ser oportunas y pertinentes. Y que más allá de si se autoriza o no la integración de Avianca con Viva Air, se aprenda la lección de que la Administración tiene que actuar con previsión y seriedad en el cumplimento de sus funciones so pena de asumir las responsabilidades disciplinarias, penales, fiscales y administrativas consecuentes.