Termina una semana, al decir de la vicepresidente, Francia Márquez, sabrosa. La ‘paz total’ va viento en popa. El Eln regresa al secuestro y reclama por la no constitución del fondo internacional –“pagar por no secuestrar”– al que al parecer se había comprometido el Gobierno. Las Farc y el ‘Tren de Aragua’ arrecian sus acciones en la frontera con Venezuela y en los colegios de Bogotá. Terror en el Cauca por arremetida de las disidencias del ‘Estado Mayor Central’. ‘Iván Mordisco’, responsable de la oleada de violencia, a salvo en la frontera, y alias Dumar ordena que a los soldados asesinados les corten la cabeza –además, exigen condiciones para liberar a fiscales–. La erradicación forzosa baja en 73 % y va solo el 10 % del cumplimiento de la meta. Las Fuerzas Armadas afirman que las treguas afectan muy negativamente sus operaciones.
 
En el frente económico, solo buenas noticias. Las exportaciones caen 14 %; la ejecución del presupuesto, en niveles vergonzosos; el sector de la vivienda no levanta cabeza, su peor desempeño en 15 años. El Gobierno amenaza con decretar inversiones forzosas para la banca, de agosto a marzo se perdieron 500.000 empleos, se dispara el déficit y se anuncia ataque a la regla fiscal, caída del recaudo tributario e, imparable, de utilidades de Ecopetrol.
 
Y además, se puso en evidencia la forma en que este gobierno maneja las relaciones con el Congreso.
 
Pero de todo esto algún día nos recuperaremos. Lo que sí creo que será irreparable será el haber acabado con nuestro sistema de salud, sobre el cual, y ante el hundimiento de la propuesta original en el Senado, ya anuncia el Gobierno que presentará un nuevo proyecto esta semana y con mensaje de urgencia. Conocido este texto, se puede concluir que nada de fondo ha cambiado.
 
Se mantiene la fragmentación en la prestación de los servicios según el nivel de complejidad, con lo cual su administración se hará imposible. El modelo incentivará también la politización del sistema. El riesgo financiero dejará de estar asumido por las EPS y pasará a ser responsabilidad de la Adres, para la que su principal herramienta serán las tablas tarifarias de máximos y mínimos, cuya primera versión ya conocimos y que hará que médicos y hospitales desistan de seguir trabajando a esos precios.
 
No me cansaré de insistir en que el objetivo de este proyecto no es mejorar la salud en el país ni superar las inequidades entre zonas urbanas y rurales, sino controlar los recursos del sistema para perpetuar el proyecto político de Petro. Para ello está previsto concentrar todo el poder en una sola entidad, la Adres, que recaudará, girará, auditará, ordenará gasto y aprobará los modelos tarifarios.
 
El Gobierno, sin necesidad de ley, ya prácticamente liquidó el aseguramiento; 26 millones de colombianos ya dependemos totalmente del Estado en materia de salud, y lo seremos todos cuando las demás EPS procedan a concretar su “retiro voluntario”. Primero las arrodillaron y luego les propusieron un esquema que difícilmente podían rechazar. Ahora recibirán una comisión fija del 5 % por administración, más un componente variable del 3 %, lo cual significa montos muy superiores a los que devengan en la actualidad, pero haciendo menos y sin asumir ningún riesgo. Inaudito que después de 18 meses de estar librando esta lucha en defensa de un modelo que ha resultado exitoso, las EPS hayan aceptado algo tan inconveniente para todos, pero por supuesto más rentable para ellas.
 
Lo que está ocurriendo con la prestación de los servicios médicos a los maestros y sus familias es solo el preludio de lo que nos ocurrirá en todo el país. Un relajo absoluto donde nadie sabe a qué centro de salud asistir, dónde reclamar sus medicamentos, dónde gestionar sus citas ni sus procedimientos. Algo que funcionaba bien lo arruinaron. Y si esto ocurre con el sector más consentido por el Gobierno y cuya campaña financió, qué podemos esperar los demás ciudadanos.
 
Y cierra la semana con el anuncio de Petro de que se quedará en el Gobierno hasta que el pueblo diga; y si el pueblo dice más adelante, hasta más adelante irán. Por lo visto, ya desecharon la idea de la constituyente. Quedamos notificados de que los 4 años que la Constitución fija como periodo presidencial pasó a ser un simple formalismo y todo lo que disguste a Petro es un golpe blando. Todo sabroso, muy sabroso. Una delicia.