El Decreto 834 del 25 de mayo de 2022, estableció el primer domingo de junio como el “Día de la Población Campesina” y derogó de esta manera el Decreto 135 de 1965. En una columna publicada por LP en junio de 2019 expliqué el origen de la olvidada celebración a partir de la gran obra del pintor y muralista manizaleño Alipio Jaramillo Giraldo “Campesinos Caldenses” y que hace parte de la colección de la Biblioteca Luis Ángel Arango en Bogotá.
El artículo 2º del mencionado Decreto ordena a los alcaldes y gobernadores, la “elaboración de programas especiales para exaltar los méritos de la población campesina de su jurisdicción”. Desconozco lo que hayan hecho dichos mandatarios al respecto, a lo sumo una sancochada y algún repentista o cantapistero que acompañe el evento.
Pero eso sí, la foto del alcalde con los campesinos esa sí que no puede faltar. Como en la clásica novela de Eduardo Caballero Calderón (“Siervo sin tierra”) en Manizales y Caldas se viene presentando un preocupante fenómeno de campesinos sin campo, desafortunado problema territorial generado entre otros, por el fraccionamiento social, económico y político entre lo urbano y lo rural.
El deterioro vial, la precariedad de la infraestructura educativa, la pésima cobertura y conectividad digital, la ausencia de gestión deportiva y cultural, la no potabilización del agua, la ineficiente y costosa movilidad, la ausencia estatal en programas y asistencia técnica, no son vistos como problemas de la sociedad sino de los campesinos, categoría que adicionalmente no hace parte de los diálogos ni de las dinámicas urbanas.
Por ejemplo, los aspirantes a la Alcaldía de Manizales, aún no se refieren a los campesinos, en términos de su reconocimiento como sujetos imprescindibles y de la necesidad de contribuir a mejorar sus condiciones de bienestar y prosperidad.  Según el POT (2017-2031) Manizales cuenta con 13 centros poblados (asentamientos humanos con más de 20 viviendas contiguas ubicadas en zona rural) habitados en promedio por unos 20.000 campesinos y con tendencia a la baja y donde no se incluyen a aquellas personas que habitan las zonas rurales a través de casas de campo o los famosos temperaderos, pues la ausencia de actividad productiva y de arraigo territorial hace que estos esporádicos habitantes no se autoperciban como campesinos y al contrario resulten afectando la paz y la tranquilidad rural con recurrentes y ruidosos festines.  
La Corte Suprema de Justicia mediante fallo de tutela número STP2028-2018 estableció la necesidad de incluir la categoría “campesino” en los instrumentos censales colombianos. Dicha petición fue realizada por organizaciones sociales y campesinas que reclamaban el derecho a ser contados o sea visibilizados. Ante esta situación, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH publicó una investigación (“Conceptualización del campesinado en Colombia” 2020) donde definió al campesino como un “sujeto intercultural, que se identifica como tal, involucrado vitalmente en el trabajo directo con la tierra y la naturaleza, inmerso en formas de organización social basadas en el trabajo familiar y comunitario no remunerado o en la venta de su fuerza de trabajo”.
El campesino ha venido siendo desplazado en su propio territorio por avasalladoras máquinas aguacateras, que, aunque permiten generación de riqueza monetaria para sus propietarios, están poniendo en serio riesgo no sólo la ya precaria situación del campesinado colombiano, sino la soberanía alimentaria de un país que no puede depender de seguir comprando verduras congeladas “Made in Netherlands” en las tiendas D1 o de seguir consumiendo la adictiva arepa con maíz “Made in USA”.
Desvalorizar e invisibilizar a los campesinos de Manizales y del país es condenar a la sociedad colombiana a desayunar con Coca Cola y Pringles, rico, ¿no?