El pasado 6 de febrero se radicó ante el Congreso de la República el proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026. El documento “Colombia, potencia mundial de la vida” contiene los lineamientos estratégicos que definen la hoja de ruta del país en los próximos cuatro años de Gobierno. 
El presupuesto para financiar las inversiones públicas se estima en $1.154 billones, que están distribuidos en los cinco ejes de trasformación formulados por el Presidente Petro a través de su equipo de Gobierno. 
El pilar de Seguridad Humana y Justicia Social equivale a una inversión de $743,7 billones; el eje de Convergencia Regional $138,4 billones; la transformación productiva, internacionalización y acción climática $114,4 billones; el derecho humano a la alimentación $46,1 billones; el ordenamiento del territorio alrededor del agua $28,8 billones; y el eje transversal de estabilidad macroeconómica $83,4 billones. Las fuentes de financiación, por su parte,  provienen del Presupuesto General de la Nación (50%), Sistema General de Participación (23,3%), Entidades Territoriales (12,6%), Empresas Públicas (9,2%), Sistema General de Regalías (4,1%) y Recursos de Cooperación (0,8%). 
Si analizamos la inversión por regiones, cerca de $780 billones es lo que planea invertir durante el cuatrienio el Gobierno del presidente Gustavo Petro en los departamentos. Según el Plan Plurianual de Inversiones (PPI), la región Andina recibiría $413 billones (52,9%); la región Caribe $164 billones (21%); la región Pacífica $115,5 billones (14,8%); la región Amazónica $25,2 billones (3,26%) y la región llanera $62,4 billones (8%). 
Soluciones de vivienda, inclusión social y productiva, infraestructura vial, conectividad multimodal, acompañamiento a las comunidades indígenas y seguridad alimentaria nutricional son algunos de los temas a priorizar y las demandas más recurrentes de los departamentos. 
Por otro lado, en el proyecto de ley se plantea que el Presidente de la República tenga catorce facultades extraordinarias, durante seis meses, con las que podrá resolver asuntos por decreto, sin necesidad de tramitar una ley ante el Congreso: la potestad para crear la Agencia Nacional de Seguridad Digital, adelantar actividades para la recuperación del Hospital San Juan de Dios de Bogotá, regular las condiciones de reclusión de los miembros de comunidades indígenas, modificar los programas de Familias y Jóvenes en Acción, regular los usos alternativos de la planta de coca y el cannabis, y expedir normas en empresas del sector eléctrico con participación mayoritaria de la Nación. 
El legislativo tiene plazo hasta el 7 de mayo para analizar, debatir y aprobar el documento que recoge las expectativas de 51 diálogos regionales y que se convertiría en ley tras su paso por el Congreso. La implementación del Acuerdo de paz, la actualización del Catastro y entrega de tierras, la reducción de brechas sociales, y la transición energética, son algunas de las principales metas del articulado que ya han pasado por varias revisiones del Consejo Nacional de Política Económica y del Consejo Superior de Política Fiscal.