Interesa en esta columna aportar al debate conceptual de las políticas públicas y el papel de los actores sociales en su diseño -cada vez cobra mayor relevancia en la opinión pública- porque afecta nuestro bienestar individual y colectivo para la toma de las decisiones públicas. De ahí, que es muy frecuente escuchar diversidad de voces de los mismos actores de la institucionalidad, académicos, medios de comunicación y en general de la sociedad en Colombia debido a los nuevos propósitos y decisiones del gobierno nacional, por ejemplo, política monetaria contra la inflación, sus efectos sobre el crecimiento y empleo (Jorge Iván González, DNP, El Tiempo, 2023). Hambre y malnutrición se han agravado. Problema que requiere cambios en políticas públicas (Sara Eloísa Del Castillo Matamoros, Universidad Nacional, El Tiempo, 2023). Eco positivo a la tributación internacional (Luis Felipe Gómez Restrepo, La Patria, 2023), entre otros.
De ello, importa señalar que la política pública es una disciplina joven que apenas se desarrolla en estos contextos y su raíz se encuentra en Estados Unidos, Inglaterra y Francia en los años 50, tenía un énfasis en la dimensión económica de los costos y beneficios (Aguilar, 1993). En la actualidad, la política pública debe ser el resultado de una acción colectiva. En realidad, es una lógica de interacción pública que se desarrolla con base en una serie de transacciones políticas, donde el gobierno ya no tiene como único objetivo ejecutar lo planeado, sus programas de acción, sino también garantizar la coordinación y la cooperación de los actores clave. La política pública no es una producto espontáneo del Estado, por el contrario, más bien se trata de un proceso de construcción social mediado por la gobernabilidad (Roth, 2014). Se constituye en sí misma en una visión de Estado que permite entender nuestro sistema social.
Por otra parte, es necesario comprender su trascendencia desde el nuevo rol del Estado y de la ciudadanía en los procesos de transacción y resolución de los fenómenos colectivos/sociales con el fin de orientar las acciones públicas hacia el bienestar común, superación de las brechas de exclusión y desigualdad, alcanzar la cohesión social, mayor crecimiento económico y mejores niveles de competitividad nacional e internacional fundamentados en las perspectivas de desarrollo social y humano.
 En América Latina, si bien ha prevalecido el saber técnico (racional) en el análisis de política también es cierto que ha sido sobrepasado por los intereses o mediaciones políticas permeando las dinámicas de la planificación y de decisiones gubernamentales, teniendo como resultado, muchos fenómenos sociales ignorados que han prevalecido a través del tiempo. En esta línea reflexiva, afirma Jorge Iván Gonzáles DNP (2023), el principal problema de Colombia hoy es el ordenamiento del territorio porque allí, en la espacialidad, están concentrados los grandes problemas de productividad, de alimentos, de vías, de violencia, de paz. Aquí cabe la pregunta de Eslava (2011), por el déficit de representatividad de las políticas públicas, en las que no se ven reflejadas las preferencias de los ciudadanos sino las preferencias de los grupos de interés que movilizan recursos de comunicación y de deliberación.
 A su vez, los estudiosos de la elaboración de la agenda pública– es un área de investigación del ciclo de política – plantean preguntas orientadoras en la identificación de problemas públicos del proceso de política, ellas son: ¿Quién actúa en las políticas públicas?¿Cómo y por qué se eligen ciertos patrones de implementación y se prefieren ciertos criterios valorativos en la elección y evaluación de las políticas? ¿Cómo y por qué determinados problemas son calificados de públicos y a otros se les niega tal calidad? (Cobb, Elder, 1983).
Una contribución a estos debates de política (análisis de política) en el país la entrega el enfoque de configuraciones de actores (Müller, 2006) que considera fundamental las redes de actores sociales y comunidades de expertos para intervenir en las decisiones de política.
Finalmente, es fundamental generar un impacto en el orden institucional, en el sentido de que la administración pública en sus diferentes niveles asuma con mayor compromiso el reto de implementar programas innovadores para la gestión pública, con las nuevas tecnologías en información y comunicación, que les permita establecer una mayor comunicación y percepción de la opinión pública respecto de la gestión gubernamental.