La vida en comunidad se sostiene gracias a la interacción de los diferentes grupos que la conforman. En la pluralidad está su fuerza, y su desarrollo depende de la correcta articulación de todos y cada uno de sus actores. Sabemos también que la unión entre la comunidad y el Estado genera importantes proyectos, y que al primero evidenciar sus necesidades el segundo puede poner manos a la obra y cumplir con lo que se le pide y satisfacer las expectativas de la colectividad.
Generalmente, del diálogo parten acuerdos y la mayoría de las veces, de estos, se materializan los resultados. La simbiosis entre la ciudadanía y los gobernantes es el mejor ejemplo de lo que queremos decir. Y cuando en esta fusión participa la empresa privada, los resultados son indiscutibles. Como actor, la empresa privada busca que social y económicamente la población se vea beneficiada, pues brinda oportunidades laborales dignas y desarrollo. El uso responsable de los recursos, la modernización de los mismos y su aprovechamiento por parte de la comunidad, hacen parte de las consignas que mueven sus ideales, sin hablar de la innovación y el emprendimiento que obligadamente se desprenden de sus metas.
La relevancia de la unión entre la empresa privada y el Estado, sus alcances y sus consecuencias, se evidencian en el rendimiento económico y en el bienestar social de quienes son alcanzados por ambos. El gobierno nacional, con la Ley 1508 de 2012, define tal asociación como un instrumento que une el capital privado a una entidad estatal, con el ánimo de suministrar bienes públicos o servicios relacionados. Es así como, el gobierno puede reglamentar, dirigir o condicionar los requisitos, naturaleza o carácter de aquello que se quiere prestar a la comunidad.
Así, gracias al capital invertido en las obras –generalmente de infraestructura- es posible impactar a mayor cantidad de población, pues es clara la limitación que en ocasiones puede sufrir el sector gubernamental, como la falta de recursos, la poca disponibilidad de tiempo al llevar a cabo planes de desarrollo o el lento avance por la tramitología y la burocracia.
De esta manera, no se trata de la privatización de un bien público, pues la esencia de la alianza público-privada es social, más bien es aprovechar y emplear el recurso de tal manera que se pueda lograr el mayor beneficio por parte del ente privado en pro de lo social y todo aspecto con el relacionado.
En nuestro país, este tipo de alianzas, aunque hasta el momento ha dado buenos resultados –recordemos la alianza ISA-Ecopetrol y cómo es clave en el modelo de transición energética- necesita de una revisión más exhaustiva y de más apoyo entre los actores involucrados. La descentralización, la necesidad de trabajo pedagógico en el tema en todo el territorio nacional y su aplicación por parte de los gobernantes municipales, marcaría la diferencia entre un proyecto que deje huella y uno que no. La cohesión entre la comunidad y el Estado, como ya hemos dicho, es de vital importancia en lo que se refiere a competitividad, al momento de hacer frente a los desafíos y las dificultades, y darle relevancia al territorio y su necesario desarrollo.
Caldas, como departamento de gran futuro y lleno de oportunidades, es región a la que se le puede apostar, en la que se puede creer, y en la que, de seguro, llegaría a buen puerto esta alianza entre la comunidad, la empresa privada y el Estado, todo con miras a la consecución de lo estipulado en el plan de gobierno de los dirigentes, preocupados como siempre, por el bienestar de la comunidad.