La decisión de la Justicia para la Paz (JEP) de negar la posibilidad de extradición de un exjefe guerrillero luego de la solicitud formal por parte de los Estados Unidos y de la Fiscalía General de la Nación, ha sorprendido a muchos, y ha generado una crisis en el país. Si bien es una decisión judicial que se debe respetar en el marco del Estado de Derecho y de separación de poderes, el análisis detenido de la misma hay que hacerlo.
Por supuesto que el proceso de paz y los acuerdos llegados con la guerrilla para su desmovilización son fundamentales y hay que cumplirlos. El principio de cumplimiento de buena fe de los acuerdos es el pilar fundamental para asegurar su sostenibilidad en el tiempo. Pero, por otro lado, están también las condiciones de posibilidad de reintegración efectiva de los exguerrilleros al país que, si bien está en transición, hay que hacerse dentro del marco de la legalidad. Nadie puede quedar con patente de corso.
El caso materia de análisis tiene que ver con una acusación de narcotráfico. Y llama la atención el hecho que tanto la Fiscalía como la Procuraduría consideren que la denuncia tiene toda la validez. Mientras que, en una decisión dividida, la JEP (tres contra dos) decidió negar la posibilidad de extradición y ordenar la liberación del acusado. Pues bien, ya el procurador general de la nación anunció que apelará la decisión y le corresponderá a la sala de apelaciones de la misma jurisdicción especial tomar la decisión final. Así las cosas, hay que esperar que el sistema de la JEP opere completamente para hacer un juicio definitivo sobre su proceder. Los magistrados que tendrán que estudiar el expediente en segunda instancia son de alto vuelo, personas con trayectorias profesionales respetables y estudios serios. Entre ellos están el exmagistrado de la Corte Constitucional y exdecano de la facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, Eduardo Cifuentes Muñoz; la presidente de la JEP Patricia Linares; el exmagistrado del Consejo de Estado Danilo Rojas; el exmagistado auxiliar de la Corte Constitucional Rodolfo Arango, quien tiene un doctorado en Alemania; y Sandra Gamboa, quien se ha desempeñado como consultora nacional e internacional.
La decisión del fiscal general de renunciar irrevocablemente fue fuerte, pero se entiende. Desde su llegada ha tratado de modernizar la Fiscalía y ha buscado acercarla al ciudadano, al tiempo que ha sido un crítico de algunos aspectos contenidos en las leyes que reglamentan la justicia transicional y que llevó al presidente a objetarlas ante el Congreso. Pero también ha tenido que sobrellevar las limitaciones en uno de los casos más complejos de corrupción en América Latina en el que ha sido reemplazado por un fiscal ad hoc. La oportunidad de la renuncia en este momento no es lo mejor para el país. Pero institucionalmente hay que enfrentarla y la persona que se nombre en su reemplazo ha de ser prenda de garantía para todos. Colombia necesita una Fiscalía fortalecida, ecuánime y efectiva.
Por lo pronto, que la JEP demuestre de su independencia y seriedad, en un contexto complejo por la cantidad de variables en juego, entre ellas: la cooperación internacional con Estados Unidos en tema de narcotráfico, el acuerdo de paz con las Farc y las garantías para los exguerrilleros, la lucha contra el narcotráfico, el debido proceso para un ciudadano, el mensaje para una sociedad que quiere un país dentro de la legalidad.