Los hechos de corrupción denunciados que han involucrado a magistrados y exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, y que se unen al escandaloso número de abogados sancionados por el Consejo Superior de la Judicatura, que en los últimos 25 años ha castigado a más de 18 mil, ponen la formación de los abogados en tela de juicio.
¿Será que falta educación ética? ¿Cuál es la calidad de la educación en las carreras de derecho que operan en el país?
Sobre la formación ética, más allá de conocer las teorías filosóficas sobre la toma de decisiones, lo que falta es tomar consciencia de las consecuencias de nuestros actos. Y esto más que enseñarse hay que propiciarlo en la vida. Desde la casa, pasando por el colegio, viviéndolo en la sociedad, profundizando el sentido de ciudadanía de cada colombiano, y evidentemente entregando herramientas, criterios y juicios de referencia. Todos ellos pasan mucho mejor por el testimonio que por los libros. En el caso concreto de las universidades, que ahora están en el ojo del huracán, deben propiciar espacios de discusión y experimentación, que ayude a los futuros profesionales a tomar consciencia del ejercicio de carrera. Por ello, decimos que más que enseñar ética, lo que puede ser más pertinente es generar situaciones experienciales acompañadas de momentos de reflexión personal y colectiva. Para aquellos escépticos sobre la enseñanza de la ética, les decimos que sí es posible, que no es fácil, y que depende de todos. 
Pero el problema de los abogados no para en este factor ético. También preocupa la sobrepoblación de abogados. En el país hay un exceso de graduados en derecho. El Ministerio de Educción Nacional ha otorgado permiso de operación a más de 100 programas en el país. Y ello nos ha llevado a ser uno de los países con mayor proporción de abogados en el mundo. Según las cifras de la Corporación de Excelencia en la Justicia, Colombia es el segundo país con más abogados por cada 1.000 habitantes. Esto es sencillamente una locura. El país no necesita tantos abogados.
Pero lo peor no para allí. ¿Cuántos programas de estos autorizados por el Ministerio tienen el aval de Alta Calidad del Consejo Nacional de Acreditación? Solo 3 de cada 10 abogados se gradúan de un programa acreditado. Hay un problema también de mala calidad. Esta lamentable situación debe poner al Ministerio de Educación a endurecer firmemente las condiciones mínimas para renovación y expedición de permisos de funcionamiento. Esta operación de endurecimiento de las condiciones mínimas se debe hacer también para otras carreras que pululan de muy baja calidad en el mercado.
Por lo pronto es bueno que el examen de habilitación para el ejercicio de la profesión se establezca, creemos que en el corto plazo será un filtro para los errores y vacíos que se han dejado en la formación de estudiantes de derecho. Pero lo importante es mejorar sustancialmente los programas y reducirles el volumen de estudiantes. Que solo los mejores tengan cupo.
Por lo pronto una decisión de “cero tolerancia” con las faltas éticas de los profesionales, debe ser un control social que nos ayude a depurar las profesiones.