Al final de marzo pasado, el gobierno partió a Electricaribe en dos empresas –Caribe Mar y Caribe Sol– y se las vendió, respectivamente, a EPM y a un consorcio de Alberto Ríos Velilla. Al anunciarse la decisión, Natacha Avendaño, la Superintendente de Servicios Públicos a la que el presidente Duque puso a dar la cara, dijo que no revelaba los precios pagados porque el gobierno había determinado que fueran secretos. Al mismo tiempo y por confusión, Enerpereira, la empresa principal del consorcio de Ríos, informó que pagaron 285 mil millones de pesos por su parte, el 44 por ciento del total de Electricaribe, suma bajísima, como se verá. Que corrieran a borrar la cifra no evitó que se conociera, para vergüenza de la Casa de Nariño. 
Ante mi requerimiento en el Senado, la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, no descalificó por falsos los 285 mil millones pero, viva, tampoco los reconoció, ratificó que las cifras eran secretas y se atrevió a defender el ocultamiento con la fábula de que “la nación no es una parte de la transacción” y que los pagos eran ocultos por “ser una transacción entre privados”, decires que entran a la galería de las mayores falacias oídas en el Congreso. Porque entre los vendedores de Electricaribe no hubo ni un solo actor –¡ni uno tan solo!– del sector privado, dado que, por decisión legal que castigó sus incumplimientos y abusos contra los usuarios, toda la propiedad de los españoles de Gas Natural Fenosa sobre Electricaribe pasó al Estado colombiano, hechos que indican que además estamos ante otra privatización.
Las siguientes son otras verdades que, con su secretismo y violando la Constitución, Duque y el Consejo de Ministros intentaron ocultarnos. La narrativa oficial sobre este engaño dice que Ríos Velilla –íntimo amigo de Germán Vargas Lleras, quien se volvió duquista días antes de esta operación financiera– compró una empresa quebrada que regalada es cara y, entonces, le quedamos debiendo el favor. Pero eso es falso porque el Estado, antes de venderla, le pagó todos sus pasivos, laborales, financieros y comerciales, a un costo de 5,89 billones de pesos, por lo que entrega, saneados y por escasos 285 mil millones, activos que valen 2,76 billones de pesos, además de 1,18 millones de usuarios que pagan facturas por dos billones de pesos al año. Una gran empresa cero kilómetros y una magnífica inversión, capaz de sobra de apalancar los créditos necesarios para hacer las inversiones que se requieren. Negocio de burro amarrado.
En un país que no esté tan mal gobernado como este, Electricaribe, viable por el exclusivo esfuerzo del Estado y de los costeños, se hubiera mantenido dentro del sector público, como patrimonio de los departamentos de la Costa Caribe, de forma que, por la vía de las menores tarifas o de la reinversión de las utilidades, les sirviera a las comunidades de la región, idea que todavía puede y debe hacerse realidad.
Pero en la Colombia de los mismos con las mismas que tan bien representa Duque, el papel central del Estado no consiste en promover en serio el desarrollo y la reducción de las desigualdades sociales, sino en usarlo como instrumento de negociados como este.
Coletilla. En el debate que hicimos con Juan Luis Castro en el Senado demostramos lo equivocado de las medidas de Duque y Carrasquilla frente a la pandemia. El drama de los trabajadores de la salud ilustra su incapacidad hasta para introducir cambios mínimos pero importantes y urgentes en el reino de las EPS. Y se nota que ni los sectores sociales más empobrecidos ni los empleados y empresarios más afectados por el necesario distanciamiento social han recibido respaldo suficiente del Estado.