El 2 de febrero de 2016, el Gobierno Nacional prorrogó la disposición que deja sin vigencia los salvoconductos de las armas legales, amparadas para el porte y tenencia por parte de los ciudadanos de bien. Contrasta esta medida con la entrega oficial de las armas por parte de la Farc, como compromiso de los puntos acordados en La Habana en el Proceso de Paz,  negociado con este grupo insurgente. Mucha controversia ha surgido por la restricción que el Gobierno determinó para los ciudadanos tenedores o portadores de armamento, adquirido con los respectivos trámites en las oficinas de la industria militar de las diferentes guarniciones del Ejército. 
Así como buscaron la jurisprudencia para legalizar las 7.132 armas utilizadas para sembrar terror por tantos años en Colombia, deberían tomar medidas con las 900 mil armas registradas legalmente pero sin vigencia, de las cuales 400 mil son de  tenencia y 500 mil de porte, en manos de ciudadanos correctos quienes buscaron para su defensa y la de sus bienes el uso de un armamento adquirido con todos los requisitos de ley.
Industriales, hacendados, campesinos, comerciantes, han utilizado por años estos elementos como factor de seguridad, más que de reacción y hoy se ven abocados a esta circunstancia, colocándolos ad-portas de ser infractores de la ley. Se sabe del mercado negro de las armas utilizadas por el hampa. En muy pocos casos delinquen con armas amparadas y con salvoconducto, por eso resulta ilógico expedir una medida que busca contrarrestar unos actores que no van a ser cobijados por ésta.
Surgen una serie de preguntas relacionadas por la situación de las armas con salvoconducto vencido, pues si no la pueden portar, es improcedente renovar el permiso o salvoconducto. Las sanciones por mora o retraso en la renovación de un arma no son justas, pues es el Estado quien ha inhabilitado la utilización de las mismas, más aún, sabiendo que nunca la Nación pierde el monopolio de propiedad de las armas ubicadas dentro del territorio nacional.
Argumentan las autoridades la disminución de delitos cometidos con armas de fuego como producto de la medida, pero no registran el incremento de acciones con otro tipo de arma como las utilizadas en el atraco callejero y robo de celulares. Resulta lógico que un delincuente ingresa a un sitio a ejecutar un robo sobre seguro, a sabiendas que ni los dueños, ni sus clientes van a ser portadores de un arma que pueda repeler la acción. Los asaltantes de fincas y de transportadores cuentan también con esas garantías, pues saben que el único medio de defensa de sus víctimas es un cortauñas.
Con prontitud debe el Gobierno tomar medidas para restablecer las garantías de los ciudadanos que poseen armamento, teniendo en cuenta la amnistía y los requisitos requeridos para volver a utilizar las armas de protección. Es contradictoria la vigencia de esta disposición, cuando la disidencia de la Farc, el Eln, los Rastrojos y los Urabeños exhiben en sus territorios armamentos inclusive de uso privativo de las fuerzas de Estado.
Se vienen días difíciles en el posconflicto; algunas zonas más que otras recibirán los rezagos del delito y no podemos permitir que la delincuencia, venga de donde venga, se apodere de la ciudadanía por las ventajas brindadas por el Gobierno.
Seguirán presentándose casos de intolerancia y violencia intrafamiliar, pero no necesariamente atribuibles a la tenencia o porte de armas. El fenómeno de convivencia en nuestro país es una manifestación producto de la educación, de la desigualdad, de hechos sociales que arruinan la condición humana, de la pobreza extrema y la falta de oportunidades, del alcoholismo y la drogadicción, de la cultura de la guerra, del narcotráfico, la guerrilla y el paramilitarismo, de los odios políticos y de la generación del dinero fácil.
El Gobierno ha sido excesivamente generoso con los grupos subversivos en la negociación de paz y la mayoría del pueblo lo ha entendido, pero de todas maneras las ventajas que a los insurgentes les entrega, deben ser contrarrestadas o compensadas a los ciudadanos de bien.