Después de Franco, en 1978, concretamente el 31 de octubre, las Cortes aprobaron la constitución que debía regir los destinos de España. El texto fue sometido a la aprobación del pueblo que lo aprobó por una mayoría del 85,5%. Curiosamente fue en Cataluña donde se votó con más fervor, el 90,46%. La constitución de 1978 establece una organización territorial basada en la autonomía de municipios, provincias y comunidades autónomas. Cataluña es una comunidad autónoma como lo son por ejemplo: Andalucía, Galicia, el País Vasco, o Navarra (Título VIII). Las comunidades autónomas tienen potestades legislativas derivadas, pero el Estado es el único soberano; de acuerdo con el Art. 1.1 “La Soberanía Nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”.
En el discurrir político de España, que es una democracia parlamentaria, cuando un partido gana las elecciones pero no tiene mayoría parlamentaria debe buscar apoyo de algún otro partido para gobernar. Ocurrió en el tercer gobierno de Felipe González y en el segundo de José María Aznar quienes, para poder gobernar, pactaron con Jordi Pujol jefe de Convergencia y Unión (CIU) y, aceptaron conceder a la comunidad de Cataluña otras facultades legislativas. Más tarde Zapatero también en minoría concedió a Artur Mas, presidente de la comunidad de Cataluña, otras muchas más que solo hicieron acrecentar el carácter nacionalista de los catalanes.  
Cuando el Gobierno de la generalidad de Cataluña decreta un referéndum que ha de conducirlos a la separación de España, el Tribunal Supremo declara su ilegalidad, su realización queda por tanto suspendida y su ejecución constituye delito de sedición. No obstante que Mariano Rajoy, presidente del Gobierno Español, podía tomar medidas al amparo de la constitución se abstuvo de hacerlo, confiando en que las fuerzas policiales y administrativas podían evitar la votación. Se tomaron claras medidas, pero se confió temerariamente que la fuerza policial de Cataluña cerraría, conjuntamente con la Guardia Civil, los puestos de votación, pero no fue así, no obedecieron, como no lo hizo el gobierno catalán y, aun cuando la votación fue un remedo de referéndum (no hubo censo, ni papeletas oficiales, cada votante imprimía la suya, las urnas eran opacas sin revisión previa, se votaba en cualquier lugar incluso en las calles, sin control alguno) y, el escrutinio igual, tan absurdo que develó el fraude: 90,09% por el Sí; 7,87% por el No; 2,03% en blanco y 0.89% nulos. Total ¡100,88%! (Existe grabación de los escrutadores, en la que se escucha: “Si van (a votar) dos millones de personas se tiene que decir que habrían ido tres”) ABC 12/10/12. Los independentistas, sin embargo, lograron exhibir que hubo votación y represión policial.
El resultado se exhibe como triunfo, pero los hechos no lo muestran: A) Dos millones de votos conseguidos en forma fraudulenta no son mayoría frente al censo y poco a poco se vio que esa mayoría silenciosa que no votó, no quiere la independencia y empieza a salir a la calle. B) La comunidad internacional tampoco avala la independencia y no reconocerían un Estado Catalán así lo han manifestado distintos gobiernos, incluido el de Colombia, pero especialmente la comunidad europea que, una y otra vez ha puntualizado que un eventual Estado catalán quedaría por fuera de esa comunidad de naciones. C) Aun antes de la declaración de independencia las empresas abandonaron Cataluña, a 12 de octubre se fueron a Madrid o a otras comunidades o provincias trescientas noventa y seis, algunas no solo grandes sino representativas como La Caixa y Editorial Planeta. Las ventas al resto de España han disminuido un 20% y las exportaciones 12%; pierden los auxilios de la Comunidad Europea y se espera que las calificadoras de riesgos les disminuyan la calificación. Como lo decía Marx, recordando a Hegel: “La historia se repite dos veces una como farsa otra como tragedia”. Lo grave es que esta todavía no termina. Como quiera que Puigdemont, presidente de la comunidad autónoma de Cataluña, no aprovechó el plazo dado por Mariano Rajoy y en comunicación del 19/10/17 mantuvo la amenaza de independencia; el presidente en forma inmediata y en la misma fecha dio continuidad a la aplicación del Art. 155 de la Constitución que previos trámites ante el Senado, en donde el PP tiene mayoría y además cuenta con el apoyo del PSOE y Ciudadanos el Gobierno intervendrá la comunidad y restaurará la legalidad. Son medidas que cancelan la independencia, pero, a la vez, impiden el aislamiento y la ruina de Cataluña y mantienen la unidad de España. Como bien lo dijo el maestro Sabina: “Estoy radicalmente en contra de que alguien quiera hacer una patria pequeñita teniendo una tan grande”.