Que vivimos una profunda crisis institucional con claras expresiones de ilegitimidad del sistema político, nos lo han dejado claro algunos hechos ocurridos esta semana.
La Procuradora General de la Nación suspendió el miércoles al alcalde de Medellín. La medida tuvo origen en actuaciones del Burgomaestre que a juicio del Ministerio Público
violentaban las normas que prohíben la participación de funcionarios públicos en política electoral. Esta que debió ser una actuación apacible en el marco de un Estado de Derecho legítimo, terminó desatando una conmoción de proporciones mayúsculas y exacerbadas, - “un golpe de estado…, un acto dictatorial” sentenció Daniel Quintero.
Veamos: Daniel Quintero hace rato viene promoviendo la candidatura de Gustavo Petro a la Presidencia de la República; lo ha hecho de manera abierta y descarada; mostró, brazo en alto su voto, cuando lo iba a depositar en la urna el 13 de Marzo; ha permitido sin guardar la mínimas apariencias que su esposa acompañe y presida actos de campaña del candidato de izquierda, se le acusa con fundamento de haber autorizado o por lo menos tolerado el uso de bienes públicos para visibilizar esa propuesta, sus funcionarios más elevados y de mayor confianza han renunciado en manada para salir a apoyar a Petro y el Alcalde en alegre comparsa saluda esas deserciones y se solaza augurándoles éxitos en tan patriótica causa; esta semana a través de una simpática alegoría, intentó fortalecer un claro mensaje proselitista de su candidato para estimular a sus huestes a ganar en primera vuelta Vistos estos hechos, una decisión como la que ha tomado la Procuradora no tendría, como ya se dijo, mayor discusión en un Estado de Derecho legítimo. Es claro que el alcalde ha participado abiertamente en la campaña electoral a favor de Gustavo Petro cuando le está prohibido.
Pero en este desajuste institucional que padecemos, las cosas no son tan claras: las primeras dudas surgen en torno a la legalidad de una actuación que vulnera un reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; en efecto, una decisión nítida de esta instancia de justicia internacional, dijo que un servidor público de elección popular no podía ser sancionado por un funcionario administrativo. Y lo dijo precisamente al estudiar y fallar en un proceso de impugnación contra la decisión del procurador Ordoñez que inhabilitó por 15 años para ejercer funciones públicas en el 2013 al alcalde de Bogotá por esa época, Gustavo Petro. Pero aquí también nos encontramos frente a un limbo jurídico pues Margarita Cabello Blanco para sacarle el cuerpo a esa decisión de la Corte Interamericana, presentó un proyecto de ley que fue aprobado contra todas las advertencias de su posible  inconstitucionalidad y que muy al estilo de este Congreso y este Gobierno cómplices, fue aprobado. Seguramente la Corte Constitucional declarará inexequible esa norma.
Las sombras de este cuadro de desajuste institucional se oscurecen todavía más si hacemos eco de las críticas que sobre la imparcialidad de la Procuradora se han venido presentando: la misma Misión de Observación Electoral, MOE, cuando se perfeccionó su designación expresó públicamente sus reticencias al respecto.
Estas preocupaciones se han venido profundizando, habida cuenta de la inacción de su Despacho frente a las actuaciones del Presidente de la República que vive metido en la campaña contrariando a Petro, del comandante del Ejército que le dio por actuar como interlocutor político del mismo candidato, de los alcaldes que expresaron su apoyo público a Federico Gutiérrez, favorito del Gobierno, en una r unión de la Federación Colombiana de Municipios. Ella misma demoró inexplicablemente el concepto que le correspondía rendir en el proceso de inexequibilidad de la norma que reformó la Ley de Garantías, fallo que terminó siendo inane, y por esa misma razón, inoportuno e inútil.
Todos los actores de esta trama política están cometiendo fraude a la ley; en el caso de los funcionarios subalternos o del nivel territorial, ellos suponemos, entienden que están actuando bajo el principio de la confianza legítima: si los más altos dignatarios del país actúan así, ¿yo por qué no? Ziblatt y Levinsky, profesores de Harvard, autores del libro, Cómo mueren las Democracias, atribuyen a esta nueva forma de populismo, uno de los factores que podrían conducir al colapso de las democracias.
Aquí no se ha presentado todavía “un golpe de Estado o un acto dictatorial” como dijo con altisonancia greco quimbaya, Daniel Quintero, alcalde de Medellín. Todavía….