Estamos frente a una realidad que desconocíamos, pero que no nos puede extrañar, dados los antecedentes que tenemos en esta nación. Un país que hace un alarde vergonzoso de su afición por las armas, la ilegalidad, los matones, los “machos armados” que defienden a jefes que normalmente están lejos. Vimos una cantidad de matones armados con pistolas, fusiles y armas de grueso calibre atacando desde sus carros de alta gama a una manifestación de indígenas, que, a falta de armas, llevaban bastones en sus manos.
La lucha encarnizada desatada en Cali, entre los mingueros y esos guardaespaldas armados con elementos de alto poder, fue un desafío a la razón y a las normas más elementales de civilización y respeto por la vida. Esas manifestaciones se han producido a lo largo y ancho del país, pero en ninguna otra parte han dejado el número de muertos, de heridos, pero sobre todo de desaparecidos, por los grupos de defensas de “guarda espaldas”, serviles matones que tienen en esa ciudad, los que se han enriquecido con dineros no pocas veces de dudosa procedencia y muchas de actividades ilícitas.
Las fotos muestran colecciones de carros, casas fastuosas, y el típico arsenal con el que suelen rodearse delincuentes mayores, para conformar sus escuadrones de defensa, matones al servicio de gente que la mayoría de las veces no tiene el menor valor ético, ni la más mínima idea de lo que es decencia y respeto por las leyes. Hablamos de esas leyes que han violado, con la ayuda de actores de la legalidad con los que se han amangualado, para hacer una verdadera alegoría a lo peor que tenemos como sociedad y como país.
Las fuerzas militares de Colombia, legítimamente constituidas, entre ellas la Policía Nacional, con funciones bien claras y perfectamente delimitadas en los principios que las rigen, han sido utilizadas de manera deshonrosa por un grupo político, que desesperado ve como el país se le sale de las manos, incapaz de manejarlo dentro de la legalidad, con estricto respeto por las normas y con apego a la Constitución Nacional. Hablo de unas fuerzas deformadas, teniendo en cuenta que actúan con ilegalidad y falta de honor, porque muchos de sus miembros convirtieron lo que fuera alguna vez una institución bien acreditada, en una caterva en la que se reúnen no pocos delincuentes, vándalos, asesinos, violadores de la ley y enemigos de la ciudadanía a la que están en obligación de proteger, solo porque tienen el juicio alterado, las prioridades distintas a las del bien común, y sus principios chocan con los que rigen la institución que representan, que todos los colombianos conocíamos y sabemos son distintas a las que nos muestran ahora.
No se justifica que un expresidente cuestionado por la justicia, con los cargos por los cuales la CSJ le dictó medida de aseguramiento, se burle de Colombia haciendo un daño irreparable a la institucionalidad, tratando de ignorar los postulados constitucionales que rigen nuestro ordenamiento como Estado Social de Derecho. Ese individuo renunció al fuero parlamentario para que no fuera la Corte encargada de juzgarlo.
Mientras eso pasa, quien funge de presidente va de tumbo en tumbo, haciendo mandados, poniendo la institucionalidad al servicio de un individuo y un grupo político, utilizando las instituciones, que serán las que quedarán desacreditas con semejante improvisación, con la violación de derechos humanos, de normas establecidas por organizaciones, de las cuales dicen hacemos parte. La comunidad internacional documenta diariamente las arbitrariedades y las violaciones de los derechos de la gente, en un Estado que se llama democrático, pero que funciona como una dictadura solapada e hipócrita.
Todavía no sabemos qué están cocinando en esa olla podrida, para presentarle como sorpresa a una sociedad a la que le mienten con reformas que no prosperan y con postulados partidistas, que les sirven para desviar la atención de lo que realmente están haciendo.
Este país no podía haber llegado más hondo, pero Duque y sus amigos lo han hundido más. En cualquier otra parte ya estaría fuera del poder. La dignidad de Colombia merece continuar mingando, dentro de los principios de no agresión, sin vandalismos, en ejercicio del legítimo derecho a la protesta.