Resulta verdaderamente insólito observar que algunos de nuestros jueces son demasiado compasivos con los asesinos de cualquier número de personas, algunos de ellos habiendo confesado ser responsables de esos delitos, como el caso del empresario Barranquillero que estando embriagado asesinó a su esposa hace algunos años, y luego de estar bajo rejas por corto tiempo sus abogados defensores le solicitaron al juez del caso que le diera casa por cárcel, argumentado problemas de salud del confeso criminal, quién actualmente reside plácidamente en un lujoso apartamento en el mejor sector residencial de esa pujante ciudad y, según la Fiscalía que apeló esa decisión, los tales problemas de salud que fueron alegados por sus abogados son inexistentes.
Por eso es que en Colombia los malandros que cada año atracan y asesinan a múltiples ciudadanos por robarles sus celulares u otras pertenencias, no le temen a las sanciones que les puedan imponer esos laxos jueces, ya que tristemente muchos de esos crímenes quedan impunes, pues recordemos que la gran mayoría de esos asesinos nunca son capturados, y si lo son, las penas que les imponen son casi siempre muy leves para el daño causado a las familias de las personas asesinadas, así como al resto de la ciudadanía, que ve atemorizada los numerosos atracos de los que son víctimas sus seres queridos.
 Pero tal vez lo más insólito es que por el hecho de haber cumplido el 60% de las condenas que les son impuestas y haber tenido buen comportamiento les dan el derecho a solicitar el beneficio de casa por cárcel. Esto casi ocurre en el caso del tenebroso criminal Luis Alfredo Garavito, pues el director de la cárcel de Valledupar, en donde está recluido el citado sujeto, debió informar al Juzgado Primero de ejecución de penas de esa ciudad que el acusado había cumplido con ese hito, lo que teóricamente le daría el citado beneficio, pero afortunadamente ese Juzgado negó la posibilidad de concederlo, recordando que ese recluso había violado y asesinado a 172 niños en Colombia, Ecuador y Venezuela.
 Lo increíble es que los congresistas que aprobaron la ley que estableció esos beneficios para los reclusos que hayan cumplido las 3/5 partes de sus condenas y paguen las multas que les fueron impuestas, no se les hubiera ocurrido excluir de ese tipo de beneficios a los criminales de lesa humanidad.
Según los jueces, que otorgan ese tipo de beneficios, gran parte de la culpa la tienen los diferentes gobiernos de los últimos 30 años, pues en ese período no se han construido el suficiente número de cárceles para albergar a los numerosos criminales que han surgido a raíz del negocio del narcotráfico, que es el principal responsable de la mayoría de los crímenes que se cometen en nuestro país, por lo que esta debería ser una tarea prioritaria para el próximo gobierno.
 Me atrevo a aseverar lo anterior, porque en mi concepto el buen funcionamiento de la justicia es una de las principales columnas de la democracia, ya que al no funcionar bien esta, como ocurre en nuestro país, muchas personas optan por ejercer justicia por sus propias manos, lo cual es sumamente grave.
 Ojalá en esta oportunidad nuestros congresistas se comprometan a analizar con total responsabilidad la supuesta reforma estructural al Sistema de Justicia que tanto requiere Colombia.