Actualmente cursa en el Congreso de la República un proyecto de ley, radicado el pasado 20 de julio ante la Comisión Sexta del Senado como una ley ordinaria bajo la autoría de la H.S. Emma Claudia Castellanos, “por medio del cual se modifica la Ley 115 de 1994 —Ley General de Educación—, se autoriza la educación preescolar, básica y media en casa y se dictan otras disposiciones – Ley Homeschool: Educación en Casa”. La ponencia del proyecto está pendiente para primer debate por la H.S. Ana María Castañeda.
Quiero abrir la discusión sobre este asunto de trascendental importancia, convencido de que serán varios los momentos que nos ocuparán de esta iniciativa parlamentaria, dado el alcance del proyecto y porque quienes hemos asumido el rol social de ser vigías permanentes de los intereses de la escuela pública estamos inhabilitados ética y profesionalmente de ausentarnos en el seguimiento permanente de este espinoso asunto que, a primera vista, parece de inmensa bondad, de espíritu progresista, innovador y de avanzada, pero que a la postre puede llegar a ser para la educación pública en Colombia más lesivo que la Ley 715 de 2001, y eso ya es demasiado decir.
El proyecto de ley en mención, además de otras motivaciones macroeconómicas, religiosas y políticas, se constituye en una medida desesperada ante la actual pandemia que implacable azota a la humanidad. Cuando analicé detenidamente su exposición de motivos, me planteé una pregunta: ¿Por qué los legisladores, los gobiernos y los dirigentes políticos en Colombia asumen la escuela pública como una recicladora de las problemáticas psicológicas, sociales y emocionales de los niños? Hay una marcada tendencia a hacer del plan de estudios y de los proyectos pedagógicos, instrumentos de solución a las crisis sociales; no en vano la educación sexual, la cátedra de la paz, la cátedra afrocolombiana, la cátedra del aborto, entre otras, han surgido como parte o solución a un conflicto. Es cierto que la agenda social hace parte del entrañable currículo de la escuela, sencillamente porque esta es un escenario de vida y la vida es la principal aula de clase; en la escuela, sus maestros, comunidad y estudiantes deben definir los pilares fundamentales del currículo, si en verdad tenemos como país la decisión política de honrar la autonomía institucional conferida por la Ley 115 de 1994.
El pasado 18 de octubre El Espectador invitó a la ingeniera Ana Paulina Maya, autora del libro: Si el colegio no existiera, quien hizo una defensa argumentada, interesante y doméstica de las grandes ventajas de educar a los hijos en casa. Contó que lleva 17 años formando a sus hijos sin escuela y detalló las bondades y dificultades que encierra esta decisión; cuenta cómo diariamente arman las rutinas en casa y viven escenarios predilectos. Por supuesto, ella y sus hijos tienen condiciones envidiables, empezando porque ella quiere estar, compartir, aprender y vivir con ellos, y porque además posee los medios y los recursos para hacer de la formación de sus hijos la tarea esencial en su vida.
Me pregunto: ¿Será esta la media proporcional de una familia habitual moradora de la escuela pública colombiana? Pienso que en la actualidad las metodologías de educación a distancia en Colombia, la educación virtual, la formación por ciclos y la estrategia de validaciones permiten una pluralidad de escenarios que no “castigan” al estudiante con la presencialidad. ¿Por qué entonces se hace necesaria una reforma a la Ley General de Educación para abrir opciones que ya existen? ¿No será que con este proyecto se busca tirar la educación pública a la informalidad, desinstitucionalizar la escuela y despojar de pedagogía la docencia? Porque entre otras cosas, permítanme contarles a quienes no han leído el proyecto que el profesor en casa puede ser cualquier persona mayor de 18 años que haya culminado su bachillerato.
El profesor Marco Raúl Mejía ha estudiado seriamente este tema con el mismo rigor y el criterio académico que caracterizan sus producciones y ha expresado profundas ideas sobre el alcance, motivaciones e intereses de esta iniciativa. Una de ellas que llamó mi atención es la responsabilidad que nos otorga a los maestros al afirmar que, si en 1994 con el movimiento pedagógico y gremial ganamos la ley, en las dos décadas siguientes con su aplicación y desarrollo hemos perdido la escuela. Es un ejercicio responsable de autocrítica, los maestros hemos sido inferiores al constructo pedagógico que nos concedió la Ley General, y aún seguimos esperando circulares y resoluciones para definir el quehacer en la escuela.
Ojalá no se agote el interés por este tema de preocupación nacional, que demanda de todos nosotros el avivar la masa crítica para que no permitamos que quienes no visitan la escuela pública sean los mismos que la reforman y destruyen sin el menor respeto por quienes la habitamos a diario y padecemos el nefasto impacto de reformas que lesionan gravemente el legítimo derecho a la educación.