De lo que alcanzo a tener conciencia de la vida institucional colombiana, creo que desde el mandato del “Sí se puede” del presidente amagueño Belisario Betancur Cuartas, no se veía el fervor popular en una posesión presidencial como la que también se presentó el domingo último con la asunción al primer cargo de la nación del igualmente presidente de provincia (Ciénaga de Oro), Gustavo Petro Urrego. Dos épocas regidas por constituciones nacionales distintas, pero con parecidas situaciones de crisis -que no cesan-, y siempre con la esperanza de cada 4 años de tener una Colombia más equitativa, próspera y pacífica.
Ya se venía extrañando que el novel mandatario no hubiese anunciado con mayor anticipación, como sí ocurrió con otros ministerios, quién sería el siguiente ministro de Justicia, lo que hizo pocas horas antes de su toma de juramento, nominación que recayó en el profesor Néstor Osuna Patiño, otrora magistrado de la desaparecida Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura (hoy Comisión Nacional de Disciplina Judicial), quien deberá propender por la ‘independencia’ de la rama judicial, desde luego, sin afectar las relaciones interinstitucionales que deben existir con la rama ejecutiva.
Pero además de velar por esa independencia, que es un compromiso derivado del pacto político colombiano (Constitución) relativo al principio de separación de poderes, deberá el ministro trabajar con no menos ahínco por otros frentes de trascendencia para la rama judicial y el país.
Los problemas que generó la pandemia hicieron repensar el rol de la justicia colombiana, y lo que no se había hecho en años, debió ‘cranearse’, en muy breve lapso, lo que constituye un avance sin precedentes hacia la justicia digital, dándose así una nueva visión y modelo de acercamiento del ciudadano al aparato de la justicia; pero para que ello sea una verdadera realidad nacional, deberá, como muchos lo pregonan para diversos campos, como la educación, la salud, el comercio, así mismo lo debe ser para la justicia, dotando del servicio de internet a las más apartadas regiones del país, lo que podrá lograrse así mismo con los ahorros que al Estado le ha generado el servicio actual virtual.
Otra situación que deberá merecer muchísima atención del nuevo minjusticia y del gabinete en general, ello con el cimero propósito de lograr la descongestión y conjurar el atraso judicial, es promover decididamente campañas de cultura de la legalidad en todos los estratos de la comunidad, sensibilizándola de no coger atajos que a la postre van a generar conflictos que deberá en última instancia resolver la justicia; pero hacerlo con mucha vehemencia en los servidores públicos, especialmente en aquellos con capacidad de comprometer a las entidades del Estado con sus decisiones o comportamientos, las que constantemente están propiciando no solo congestión del aparato judicial, sino que las mismas acarrean considerables condenas en detrimento del patrimonio público y, por contera, afectándose el desarrollo social, lo cual se logrará con normas legales y no con reformas a la Constitución, todo lo cual contribuirá de igual manera a la paz social.
En columna anterior mencionaba que la rama judicial no requiere ninguna modificación en su parte sustantiva o material, pero sí en su parte formal, especialmente en el mecanismo de selección de magistrados para las altas Cortes, como la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Consejo Nacional de Disciplina Judicial, a donde se debería llegar exclusivamente por mérito, incluido el ascenso también a través de esa modalidad. Se está en un momento propicio para ello, y no se puede desaprovechar.
El concepto de justicia, se entiende, está irrigado en todo el ordenamiento jurídico superior (Carta política y leyes); por eso hay que garantizarla, promoverla y protegerla; los tiempos de estigmatización ojalá hayan quedado definitivamente atrás.