Cuando se trata de rememorar las relaciones entre capital y trabajo a través de la historia, especialmente después de la Segunda Guerra, se halla que las discrepancias o conflictos entre ambos se mantienen al orden del día, es decir, sin solución. Solo en nuestro país, cada año se activa la discusión entre el incremento del salario mínimo legal y la estabilidad de las empresas, la creación de puestos de trabajo, y el impacto inflacionario que conlleva cualquier punto de aumento.
 La divergencia básicamente se da es con la empresa privada, que siempre brega por el ahorro y la optimización de los dineros, contrario a lo que acontece en la empresa pública, en donde paralelamente, en todos los niveles, se derrochan grandes recursos públicos mediante la creación de burocracia innecesaria sin importar muchas veces las verdaderas necesidades institucionales.    
 Sin embargo, curiosamente la discusión hoy tiene una tendencia bien distinta, y es enfrentar subrepticiamente a quienes tienen una mayor remuneración en los empleos formales, incluso la de los pensionados, frente a los que perciben menos en dichos ámbitos, lo que genera también conflictos, al tiempo que las mismas continúan o empiezan a ser objeto de nuevas exacciones tributarias para la obtención de mayores recursos para el sostenimiento del Estado, a costa, en grado superlativo, de la población empleada.
 Suele confundirse el concepto de salario mínimo legal con la concepción que el Constituyente de 1991 le dio a la expresión “remuneración mínima vital” contenida en el artículo 53 de la Constitución Nacional,  la que no necesariamente coincide con aquél, como bien lo tiene definido la Corte Constitucional; como tampoco existe duda sobre las preocupantes dificultades de subsistencia, y más aún de bienestar que puede brindar en Colombia el salario mínimo. En lo que concierne a las pensiones, a través de los últimos años han sufrido gran menoscabo con el argumento de proteger el sistema y la idea de universalizar esa prestación. Expertos en economía señalan las grandes bondades que implica la capacidad de pago de las personas, siendo ello una de las importantes formas de mantenimiento de la dinámica económica.
 Pero eso de crear una especie de prevención o enfrentamiento en el escenario social por lo que devengan unos con respecto a otros, no contribuye a crear confianza o tranquilidad; por el contrario, genera rivalidades y zozobras por la situación de malestar inducido. Más que utilizar ese artificio distrayendo la población, y más en el caos que se vive, lo sensato es llevar la discusión a cómo hacer para proporcionar un mejor ingreso y bienestar sin demeritar posiciones obtenidas de manera jurídica o legal, y no buscar su reducción que en últimas afectan también la paz colectiva.
 Lo que sí debe erradicarse definitivamente es la ‘jugadita’ para obtener injustas pensiones altas sin haber contribuido lo suficiente para ello, en lo que las Cortes de justicia han contribuido para frenar esos desafueros.
 Cuando haya verdadera conciencia de lo que significa el principio de la solidaridad, cuando se enseñe y se aprehenda lo que significa la “función social” de la propiedad, los conflictos sociales tendrán una dimensión distinta, todo lo cual apuntará a la búsqueda de la justicia y el equilibrio social.