Rodrigo Llano Isaza, tesorero de la Academia Colombiana de Historia, informa del hundimiento del proyecto de ley que reviviría esa cátedra. No fue improbado, pero su redacción es tan inocua como cualquier ley de honores… al bicentenario de Riosucio, por ejemplo.
Fue suprimida por Rodrigo Escobar Navia, ministro de Educación del gobierno de Belisario Betancur. A estos humanistas les pareció pertinente que las futuras generaciones no se enteraran de sus desaguisados en ejercicio del no poder. La sustituyeron por las informes ‘ciencias sociales’, que tendrían significado si hubiesen establecido también unas ‘ciencias antisociales’, que dictarían políticos sin electorado.
El año pasado, la senadora Viviane Aleyda Morales propuso reestablecerla, porque “la ausencia de esta asignatura […] ha llevado a una suerte de amnesia o analfabetismo histórico y cultural”. ¡De vez en cuando hay sensibilidad social en el Capitolio!
En la Cámara fue ponente Iván Darío Agudelo. Ya en plenaria, “con la mejor buena fe, el representante, buscando la aprobación del proyecto, pero viendo la oposición del Ministerio de Educación, habló con ellos y concilió el texto para que el proyecto fuera aprobado”, escribió Llano.
La ‘conciliación’ fue como un acuerdo entre sobrinos para matar a la tía rica: la idea era “restablecer la enseñanza obligatoria de la historia como una asignatura independiente en la educación básica y media”. En su “buena fe”, Agudelo lo cambió a “una disciplina integrada en los lineamientos curriculares de las ciencias sociales, sin que se afecte el currículo e intensidad horaria en áreas de matemáticas, ciencia y lenguaje”.
En el texto definitivo se ocultó la prueba de la muerte de la tía, que hubiera quedado en la última frase. Se cambió por una dosis de discreto veneno, “…de las ciencias sociales en la educación básica y media”. Una maravilla: inventaron la obligatoriedad discrecional, pues cada maestro (perdón, docente) será libre de acatar o no.
Lo de Agudelo es comprensible: le metieron los dedos a la boca o la mano al bolsillo. Pero que hubiera “oposición del Ministerio de Educación” (Llano Isaza), es como para ‘matar y comer del muerto’. ¿Quién o quiénes se opusieron? ¿El ministerio o la ministra? ¿Qué intereses defendieron? Colectivos no. ¿Si hubieran sido los de entidades como Odebrecht, por ejemplo, de comprobada ética, equiparable con la de los anónimos opositores, se hubieran atravesado?
Para no caer en injustas suspicacias, es mejor pensar que el Ministerio de Educación cumplió con su misión constitucional: defender el derecho a ignorar. El del magisterio, y como efecto colateral, de los colombianos. Así adquiere sentido la supresión del artículo que ordenaba la divulgación de la norma. “Que nadie se entere…”, canta el tango.
Llano se duele porque todo ocurrió en las narices de cuatro académicos nacionales, atribuyéndoles una pasividad rayana en el autismo, porque al parecer no “se dieron cuenta de los cambios”. Como ‘entre blancos se entienden’ y yo apenas pertenezco a una academia regional, aguardaré la 274ª edición de la ‘Historia’ de Henao y Arrubla¡ para saber qué pasó.
Para mí, ellos no influyeron porque pertenecen a una minoría legalmente inexistente, los hombres mayores de 40 años. Si hubieran sido de la comunidad del abecedario, reinsertados, pilotos o expresidiarios; o si en lugar de educar a niños, fuera para entrenar perros, ¡tendríamos enseñanza obligatoria de la historia, con impuesto para sostenerla y cárcel para el que no aprenda!
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Primera coletilla. Emociona el video publicado en este diario el miércoles, titulado ‘Rondan pumas en zona rural de Villamaría (Caldas)’. Revive el recuerdo de cuando, por allá en 1970, apareció un jaguar en el bosque de la Bocatoma, barrio Minitas arriba. En Empresas Públicas organizaron safari para cazarlo. Obtuvieron foto de primera página, con el animal muerto, escopetas al hombro y sonrisas triunfales.
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Segunda coletilla. En los ‘Sucesos’ de ayer apareció la noticia de una valiente madre que denunció ante la Policía a su hijo adolescente, por vender alucinógenos. Presuntamente, aclaro, pues le encontraron unas 130 dosis personales de polvos varios, nada más.
La señora podría ser acusada de impedir el libre desarrollo de la personalidad del muchachito y frustrar su vocación empresarial. ¿Quién dijo que la custodia y la patria potestad van más allá de servir comida, satisfacer caprichos y aguantar pataletas? ¡Faltaría más!
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