A pesar de significar que algo es reservado o íntimo, la palabra “privado” es muy abierta. La RAE tiene nueve acepciones a este adjetivo; desde “Que se ejecuta a vista de pocos, familiar y domésticamente, sin formalidad ni ceremonia alguna”, a “plasta grande de suciedad o excremento echada en el suelo o en la calle”.
No supe a cuál “privado” se refería esta semana Luis Ernesto Gómez, Secretario Distrital de Gobierno de Bogotá, cuando habló del manejo que se la daría a los datos de los ciudadanos que se registren en las plataformas distritales para rastrear a las personas por esto de la covid-19. El funcionario señalaba que era importante dar información personal - nombre, cédula, edad, dirección, teléfono - para evitar la expansión del virus por la ciudad. Datos que se almacenarán y serán de uso exclusivo de las autoridades sanitarias.
Igual argumento dieron con CoronApp, la aplicación lanzada desde el Gobierno Nacional para reportar a diario recomendaciones de prevención, información oficial y demás datos sobre la pandemia del coronavirus. El presidente Iván Duque la promocionó en su programa de televisión, donde dijo que era importante que la descargáramos y metiéramos información de toda nuestra familia para “facilitar el monitoreo en tiempo real de los datos”.
Y, para que no nos preocupemos de compartir estos datos privados, de la Agencia Nacional Digital señalaron que toda la información estará encriptada y protegida por los protocolos de la Ley de Habeas Data.
A esto se suma que en centros comerciales y almacenes de cadena están registrando más datos privados de los ciudadanos, siempre con el pretexto de cuidarnos. De velar por la salud de las personas. De luchar contra esta enfermedad que en cuestión de semanas bloqueó al mundo y su economía.
Sin embargo, a los pocos días de dar mi información “privada” en uno de estos lugares a mi celular empezaron a llegar mensajes de texto de Redmas, de Rappi y de domicilos.com (sin tener ninguna de esas aplicaciones), de Confa, de gimnasios y hasta universidades que no son de esta ciudad. Me ofrecen celulares, paquetes de canales de televisión, promociones en restaurantes que solo están en Barranquilla y hasta vacunas contra la meningitis. Les escribo para desactivar este servicio no solicitado y, al cabo de tres días, vuelven a aparecer.
Son los bancos, es Claro, es Tigo, es el grupo Falabella, es todo aquel que detrás del falso discurso altruista de velar por nuestra salud trafica con nuestra información. Y nosotros, de pendejos, los dejamos. Es un negocio que, de poco en poco, hace fortunas, como lo señala el artículo de Forbes How much is your data worth? (https://bit.ly/2AEI8H9), en donde se tasa un dato como la dirección de una persona en 250 dólares. Este otro -https://bit.ly/3cIL3Mk- da los precios de claves de Netflix o tarjetas de crédito, para que los hackers hagan de las suyas. Y Federico Zannier, un estudiante de la Universidad de Nueva York, decidió traficar con sus datos personales en la internet durante un mes - como lo hacen las compañías anteriormente mencionadas - y ganó 2 mil 733 dólares. O sea, casi $10 millones mostrando el contenido de su billetera y las páginas de internet que visitaba.
Ahora multiplique esa cifra por el número de personas que, en medio de esta emergencia, descargaron CoronApp y la llenaron de información. Cuando se manejan montos como los presentados por Forbes o el estudiante Zannier, en un país avaro y corrupto como el nuestro, no hay Ley de Habeas Data que valga. Es más, lo más factible es que salga un abogado que argumente que cuando en el contrato se menciona la palabra “privado”, se refiere a la cuarta acepción de la RAE del término: “Muy contento, lleno de gozo”. Que es como están algunas empresas en estos momentos con la información que les estamos dando gratis.
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