En muchas ocasiones las discusiones de política económica en el país se quedan en el discurso de medidas de estabilización de la economía, orientadas a frenar o acelerar el ciclo económico, es decir, que sirvan de amortiguadores de corto plazo, llevando a que los diversos espacios de debate, comunicación e interacción entre los interesados en la materia sean alrededor de políticas específicamente fiscales y monetarias, que buscan precisamente la estabilidad macroeconómica. Esta situación no es mala per se, pero pone de manifiesto una preferencia o tendencia a pensar no más allá de un año.
Sin embargo, en el espectro de la economía normativa, existen una serie de políticas consideradas de largo plazo, que se conocen como políticas estructurales, que incluyen reformas que pretenden transformar la sociedad y entre sus objetivos podemos encontrar: mejorar la distribución de la renta en la sociedad, la equidad, el progreso social, aumentar la competitividad, mejorar la eficiencia en la economía y crear ese ambiente institucional favorable para los agentes en la economía. Desde este ámbito, este tipo de políticas lo que abordan son aristas de un concepto más amplio que es el desarrollo. No sería esta columna el espacio ideal para definir esta palabra, pero el objetivo sí es hablar de la inmediatez de incorporar el término de desarrollo sostenible en los planes de desarrollo, precisamente en un periodo electoral y de cambio en administraciones municipales y departamentales.
La intención de discutir frente a este tema se encuentra en la urgencia de medidas para reducir o mitigar el cambio climático y preguntarse si nuestro actual modelo de país, departamento o ciudad, se encuentra alienado a garantizar la sostenibilidad de nuestra sociedad en un espacio geográfico determinado en el mediano y largo plazo. En esta línea, quiero resaltar algunas medidas que se recomiendan para poner en el centro de la política pública esta temática:
Promocionar la diversidad y articulación de los sistemas de transporte tradicionales (buses, busetas y taxis) con los alternativos (vehículos eléctricos, bicicletas, patinetas, entre otros).
Sensibilizar a los ciudadanos en prácticas de ahorro de energía (bombillos, televisor, estufa, electrodomésticos) y dietas alimenticias (por ejemplo, reducción de consumo de carnes rojas asociadas a producción con emisión de gases efecto invernadero).
Promover la construcción de infraestructura residencial con buenas prácticas medioambientales.
Construir políticas protección de bosques y resiembra.
Impulsar la oferta de instrumentos financieros que faciliten la transición al crecimiento verde del sector productivo.
Facilitar el uso de los beneficios tributarios y otros instrumentos de mejoramiento productivo basados en eficiencia energética.
Implementar estrategias de adaptación geográfica para reducir vulnerabilidad ambiental.
Fortalecer las capacidades técnicas para la producción agropecuaria sostenible.
Modernizar plantas de tratamiento de aguas residuales.
Imponer impuestos locales a la contaminación industrial y transporte con base en combustión fósil.
Tener estadísticas para la toma de decisiones (cuentas satélites ambientales).