Ya viene la época electoral y uno de los temas cruciales en este proceso parece ser la bandera anticorrupción.
Se habla de corrupción en casi todas las esferas, y cuando digo “casi” no me refiero a que haya ámbitos de la sociedad impolutos (es posible que existan), sino a que mientras todos los días hay noticias de corrupción en la política o en la justicia, es escaso escuchar sobre corrupción en el sector privado en general, y en el periodismo en particular.
El epíteto de “enmermelado” ha hecho carrera para designar a quien no se alindera con determinadas tesis políticas, insinuando que lo hace a cambio de un pago o favor. El periodista que hace una entrevista a un precandidato presidencial es “enmermelado” porque no preguntó lo que el televidente quería, o un medio es “enmermelado” porque no le da a un candidato el espacio que sus seguidores anhelan.
Pero una cosa es que un periodista tome decisiones editoriales impopulares, erradas o cuestionables, y otra muy distinta es que dichas decisiones estén motivadas por el pago de dinero que tiene como fin acallar una voz o, al contrario, darle protagonismo a una que no lo merece.
Los publirreportajes o infomerciales son espacios con fachada noticiosa pero con fin publicitario, en los que a cambio de un pago se presenta una información comercial. Para que el receptor no resulte engañado los manuales de estilo recomiendan siempre que todos los publirreportajes lleven un elemento gráfico o sonoro que los identifique como tales, de forma que la audiencia sepa que lo que oye, lee o ve es publicidad. Cuando no se le avisa a la audiencia que la nota es pagada, se traiciona la premisa básica del periodismo que consiste en entregarle a la audiencia información de calidad que obedece al interés público, y no al interés personal de la fuente o del reportero.
La corrupción en los medios existe, pero las noticias sobre el tema tienen poca resonancia. No sé si es porque entre bomberos no nos pisamos las mangueras o porque no se menciona la soga en la casa del ahorcado. El caso es que es un tema difícil de abordar entre colegas, aunque enturbia la credibilidad no solo de personas puntuales, sino de empresas informativas completas.
El pasado 12 de octubre se divulgó en San Luis de Potosí, México, un video en el que el fotoperiodista Edgar Daniel Esqueda Castro, confesó bajo tortura, poco antes de ser asesinado, que recibía 1.500 pesos mexicanos quincenales del Cartel del Noreste “por subir notas a su gusto” y “cubrir todos sus eventos, todos sus siniestros que hacen”. En la espeluznante grabación, en la que se observa vendado y amarrado, dice que hay al menos otros 10 periodistas en la nómina del Cartel. Aunque claramente bajo tortura una persona es capaz de inventar lo que sea para aliviar su padecimiento, queda la duda sobre si lo afirmado es cierto, pues no sería el primer caso: ya se vio acá hace años cómo los carteles de la droga fleteaban periodistas.
Pero los narcos no son los únicos que han pagado por publicar o callar información. El mismo 12 de octubre Caracol Radio informó que el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, aseguró ante la Corte Suprema de Justicia haberle entregado $50 millones al senador capturado Musa Besaile para “periodistas que debían ablandar el camino del senador porque los periodistas lo tenían azotado con el tema de la mermelada”. No mencionó nombres.
Incluso en el ámbito más cercano, hace apenas 2 meses el CTI de la Fiscalía capturó a 6 personas investigadas por contratos asignados desde la Oficina de Prensa de la Alcaldía de Pereira. Los señalan de haber celebrado 16 contratos en 2015 por $521 millones y entre los delitos investigados están contratación sin cumplir requisitos legales, peculado, falsedad ideológica y asociación para cometer delitos contra la administración pública. Dos de los involucrados permanecen hoy con detención domiciliaria.
Se trata de un problema ético viejo. Orlando Sierra Hernández alcanzó a publicar en LA PATRIA dos columnas, en 1998 y 2000, denunciando contratos a periodistas desde el Concejo de Manizales y la Gobernación de Caldas. Escribió “unos contratos de mediocre pago a unos periodistas y una “vacuna” publicitaria a otros, son un estupendo mecanismo de conseguir algunos objetivos propagandísticos electorales a costa del erario. (...) ¿Por qué aceptan algunos periodistas participar de lo que generalmente critican: la contratación indiscriminada y abusiva de funcionarios en la administración?”.
Hace 20 años concluía Orlando con una recomendación que sigue vigente, sobre todo ahora en la época electoral: “por si las moscas, invito a la gente que esté atenta (...) No he sabido de nadie que pagado por la fuente, pueda emitir mensajes confiables sobre ésta”.
Pie de página: Lamentable la muerte del brillante y culto abogado José Fernando Calle Trujillo, pero más triste aún saber que murió por un cáncer evitable: el asbesto está prohibido en más de 30 países. En Colombia no, aún.