Las últimas normas de contratación de obras públicas tienen preocupados a los ingenieros caldenses. Para ellos las más recientes decisiones del Gobierno Nacional dejan su profesión sin muchas opciones para concursar en las licitaciones con el Estado.
Se trata del decreto 1397 del 29 junio pasado, que cambia la fórmula para evaluar a los contratistas. El ingeniero Andrés Marín explica que antes se tenían en cuenta la experiencia, la capacidad financiera, capacidad operativa o técnica y la capacidad administrativa. No obstante, la nueva norma establece que para esa calificación solo se tiene en cuenta el capital de trabajo, es decir, el dinero que tiene el contratista para hacer la obra, olvidando los otros componentes. “Esto afecta a los ingenieros en general, porque algunas entidades están pidiendo que uno tenga en efectivo el 100% de lo que cuesta la obra, entonces si por ejemplo el contrato es de mil millones de pesos, uno tiene que tener en el banco ese dinero”, agrega.
Por estas razones y mediante una carta, la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos y la Sociedad de Ingenieros se unieron para solicitarle al presidente Juan Manuel Santos la derogación del decreto, pues su contenido lo consideran perjudicial y excluyente al legítimo derecho del desempeño en la contratación pública. “Los parámetros exigidos que solo tienen en cuenta el capital de trabajo de los profesionales, contradicen notablemente lo establecido en el Registro Único de Proponentes (RUP), que no solo consulta el capital de trabajo, sino también la capacidad organizacional, la experiencia y la capacidad técnica de los proponentes”, dice el escrito enviado al mandatario nacional.
El ingeniero Juan Manuel Salazar dice que lo importante de entender de la situación es que con el decreto se lesiona el trabajo de los profesionales en esta rama, pues pocas personas tienen, por ejemplo, mil millones de pesos disponibles. “Esto es un atropello a la labor. Además, nosotros como contratistas no tenemos por qué financiar las obras del estado, para eso también pagamos impuestos”, dice Salazar.
Con respuesta en la Alcaldía
Unido al clamor de sus colegas, el ingeniero Jesús Augusto Correa dice que le solicitaron a la Alcaldía de Manizales que los escuchara y la administración lo hizo a través del programa Urna de Cristal (originado desde el Gobierno Nacional). “Estamos trabajando en un pliego que se ajuste a las normas, pero que incluya a toda la ingeniería caldense. Discutimos sobre todo la parte económica, que es la que más nos golpea, y la conformación de consorcios, que es una forma asociativa para lograr un contrato. Como en algunas entidades están pidiendo tener en efectivo el 100% del costo del contrato, pedimos un porcentaje adecuado a lo que se ha trabajado, que es el 15%”, explica Correa.
Asegura que estos acuerdos se hicieron esta semana con la Alcaldía y que se busca discutir lo mismo con la Gobernación de Caldas. Para ellos, los métodos que proponen hace que haya una calificación más ágil y transparente.
“Con la Gobernación se hizo la solicitud para discutir lo de capital de trabajo. Verbalmente ya aceptaron que se cambie el porcentaje, pero aún no hay algo concreto”, aclara el ingeniero Marín.
Al respecto, la secretaria de Infraestructura de Caldas, Amparo Sánchez Londoño, dice que a su despacho llegó la solicitud de revisar la norma y se reunió con los ingenieros de las sociedades. “Ellos quedaron en pasar una propuesta por escrito, la cual será estudiada por la Secretaría Jurídica, oficina a la que le corresponde este caso”.
Como ingeniera civil, Sánchez cree que el decreto limita la presentación de ofertas porque obviamente la capacidad disponible no es alta para todos. Recalca que por ahora no hay nada definido y que la Secretaría Jurídica decidirá sobre las propuestas de las sociedades.
Con más limitaciones
Jorge Eliécer Rivillas, secretario de Obras Públicas de Manizales, reconoce que las conversaciones con los ingenieros van por buen camino, se han reunido en tres ocasiones para analizar las posiciones de los profesionales. “Hemos encontrado que son muy acertadas, tanto que ya las implementamos en los pliegos de contratación que sacamos desde hoy (viernes). El decreto ha sido de crítica nacional porque exige capitales de trabajo fuertes, que limitan el trabajo. Pero lo importante es que se acogieron las recomendaciones de los ingenieros”.
De esta manera, lo que plantean las dos sociedades es la modificación del decreto o su derogación, pues definitivamente para los ingenieros, con la norma se viola la Constitución Política acerca del derecho y la igualdad en el trabajo.
Lucía Dussan Luberth, presidente de la Sociedad Caldense de Ingenieros y Arquitectos, dice que el gremio se une para hacer respetar sus derechos.
Se pueden hacer alianzas: Federico Restrepo
Durante su visita a Manizales, el presidente de Autopistas de la Montaña, Federico Restrepo, resaltó que lo que exige esta ley es que haya músculo financiero, pues para este tipo de obras deben tener disponible el 20% del valor total, pues el gobierno solo desembolsará la plata en la medida en que den cumplimiento de las metas, como una forma de presión y control para que cumplan y no vayan a dejar tirados los trabajos.
De esta forma si en proyectos como el de Autopistas de la Prosperidad, que se entregará de forma fraccionada en unas cinco o seis concesiones, del orden de unos 1.200 millones de dólares cada una, el constructor deberá contar con unos 240 millones de dólares como mínimo del valor de la obra, que evidencia su capacidad financiera. Aún así,
indicó que los pequeños y la ingeniería nacional y local sí pueden integrarse a través de una alianza, de consorcios o con grandes multinacionales.
También destacó que dentro del nuevo proceso de cuarta generación de concesiones, el llamado es a que se ganen las licitaciones quienes compitan por la oferta de un mejor nivel de servicio, incluyendo dobles calzadas o terceros carriles, en lo cual ya hay experiencia, por ejemplo, en la Ruta del Sol. Por eso, dijo, es muy viable que este sector esté
considerado en doble calzada hasta Medellín.
El dato
La suma de los componentes que se evaluaban antes para la calificación de un contratistas se conoce como K.
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