Violencia contra líderes sigue en medio de la pandemia

EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ

La Defensoría del Pueblo denunció ayer que las acciones violentas de grupos armados al margen de la ley contra líderes sociales y defensores de derechos humanos continúan, incluso, durante la cuarentena por la pandemia de la covid-19.

La entidad aseguró en un comunicado que "luego de las cinco semanas de emergencia sanitaria, la Defensoría logró documentar al menos 40 ataques contra las comunidades de todo el país, con las que se pretendió intimidar y generar pánico", aunque no identificó a ninguno de los grupos que han realizado esas acciones.

La información asegura que los actores y grupos han adecuado su presencia y accionar a las condiciones propias de la emergencia sanitaria y particularmente a las medidas de aislamiento preventivo.

La arremetida violenta de los grupos armados ilegales se ha sentido con más fuerza en los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo, fronterizos con Ecuador; y Antioquia y Chocó en donde "para avanzar en sus intereses por las economías ilegales, intimidan y hostigan a la población civil".

Igualmente, la Defensoría "ha podido constatar que la violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos persiste bajo igual dinámica a la denunciada desde hace cuatro años".

Asegura que los sitios en donde ocurren las acciones violentas de los grupos armados al margen de la ley han sido identificados por la entidad y que se han generado alertas tempranas.

"Las condiciones actuales de violencia en su contra, así como la pandemia, están limitando gravemente su labor para defender los derechos humanos", asegura la Defensoría.

La entidad concluye que "todo lo anterior condiciona las posibilidades de mitigar los efectos de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia covid-19, configurando una doble afectación en las comunidades más vulnerables del país".

Informe de la ONU

La semana pasada, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó que en lo que va del año han sido asesinados en Colombia al menos 19 defensores de DD.HH. y líderes sociales, y está verificando otras 34 posibles muertes de activistas.