Las radios comunitarias fueron los medios más afectados por los ataques y las amenazas durante el primer semestre de este año en Colombia, según un informe no gubernamental divulgado hoy en Bogotá.
"Las emisoras comunitarias están llevando la peor parte", dijo la presidenta de la Fecolper, Adriana Hurtado, para quien el caso de estos medios genera una "especial preocupación".
Hurtado recordó que de marzo a mayo fueron asesinados Argemiro Cárdenas Agudelo, Jesús Martínez y el indígena Yamit Bailarín Suescún, vinculados con medios comunitarios de las poblaciones de Dosquebradas, Sabanalarga y Mutatá.
Los tres "ejercían su oficio por fuera de los medios comerciales, fortaleciendo los procesos de comunicación de las comunidades a través de emisoras comunitarias o de iniciativas culturales", apuntó Fecolper.
En su informe, la organización también reseñó el caso del abogado Fernando Londoño, exministro que dirige el informativo de la cadena Radio Súper y que resultó herido en un atentado con bomba cometido en Bogotá a mediados del pasado mayo, ataque en el que murieron dos escoltas del antiguo funcionario.
Las radios comunitarias que sufrieron ataques están situadas en Cali, Jambaló y Toribío, las dos últimas de pueblos indígenas, según los registros de Fecolper, que elaboró el informe con motivo del Día del Periodista y Comunicador en Colombia, instituido por ley en 2006 y que se conmemora el 4 de agosto.
La presidenta de la organización observó que una periodista, de dos comunicadores que han sido secuestrados este año en Colombia, también estaba vinculada con una radio comunitaria. Es el caso de Élida Parra Alfonso, secuestrada a finales de julio pasado en Saravena por el Eln.
La víctima en el único caso de secuestro del primer semestre fue el corresponsal francés Roméo Langlois, tomado como rehén por las Farc el 28 de abril, cuando cubría una operación antidrogas en Caquetá, y liberado a finales de mayo.
En el semestre, la organización de periodistas también documentó 64 casos de agresión, número inferior en el 44 por ciento a las registradas en igual período de 2011.
De ellas, el 17,6 por ciento le fue atribuido a los grupos guerrilleros, el 14,7 por ciento a miembros de la fuerzas de seguridad y el 11,8 por ciento a los nuevos grupos paramilitares. La responsabilidad en el 35,6 por ciento de los casos no ha sido establecida y el porcentaje restante ha sido atribuido a motivos ajenos al ejercicio de la profesión.
La Fecolper también registró en el semestre catorce casos de amenazas, la mitad de ellas con procedencia desconocida, pero directamente relacionadas con el conflicto armado interno.
De los otros casos, tres tienen origen paramilitar, dos en la fuerza pública y dos en las Farc, según este estudio, que asimismo denunció ocho agresiones por parte de agentes del Estado en operaciones legales y dos de censura indirecta.
"Realmente, el panorama es bastante difícil", consideró la presidenta de la Fecolper, y apuntó que en su país toda forma de presión por parte de los grupos ilegales, la fuerza pública o de desconocidos significa una mordaza.
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