Ordenan retiro de base militar en resguardo

COLPRENSA|LA PATRIA|BOGOTÁ

La Corte Constitucional le ordenó al Ministerio de Defensa Nacional que devuelva al resguardo indígena Jiw de Barrancón, Guaviare, el territorio que ocupa la Escuela de Fuerzas Especiales e Infantería de Marina.

A juicio de la Corte, la presencia de la Escuela es una “invasión”, una “superposición” del territorio del resguardo, por lo que en un periodo no mayor de seis meses deberá devolver el terreno en un proceso que será acompañado por la Defensoría del Pueblo, la Pastoral Social Caritas – Sur Oriente y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados – Territorial Meta.

Se trata de una “afectación” de 6 hectáreas que son utilizadas para el funcionamiento de la base militar y que hace parte de las 250 hectáreas del terreno Agua bonita, que el Incora adjudicó al Mindefensa en mayo de 1998.

Según estableció la Corte, esa adjudicación se produjo años después de la conformación del resguardo indígena de la comunidad de Guayaberos por los que los derechos de usufructo de la tierra son de la comunidad y no del Ministerio de la Defensa.

Piden informe de Meta

“Del análisis del informe se puede extraer que se identificaron 19 construcciones superpuestas de la Escuela de Fuerzas Especiales e Infantería de Marina en territorio del resguardo, de las cuales 7 son permanentes, entre ellas están: piscina, torre de observación, alojamiento y tanque elevado, planta de acueducto, escuela, dos salones de clase y dos pistas de comandos”, señaló la Corte

Por otro lado, el tribunal le ordenó al Ministerio de Defensa que presente un informe sobre las actuales condiciones de seguridad en los territorios ancestrales de la etnia Jiw, en Meta, con el fin de evaluar las posibilidades de ingreso diversas entidades del Estado para que puedan hacer una evaluación de las condiciones en las que se encuentran las familias que habitan esa zona, en especial en los resguardos de Mocuare y Barranco Ceiba, ubicados en jurisdicción del municipio de Mapiripán.

Igualmente, la Corte le ordenó al Ministerio del Interior que elabore un informe de seguridad sobre los líderes amenazados de la comunidad Jiw y Nükak para que se verifique “la activación de la ruta de protección y se identifiquen cuáles han sido las medidas adoptadas”.

Habla el ministro de Defensa

Frente a la decisión de la Corte, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, señaló que los fallos de las cortes son para respetarlos y acatarlos.

“Existen recursos legales que el ministerio va a presentar”, dijo el jefe de la cartera de Defensa y añadió que en la zona donde está ubicada la base militar en cuestión, las relaciones de las fuerzas militares y los indígenas “son magníficas y estrechas”, por lo que confió en que “cualquier paso que tomemos sea coordinado”.

De la misma manera, Pinzón dijo que este fallo de la Corte Constitucional nada tiene que ver con los hechos que se presentaron hace unos días en el Cauca. “Son hechos independientes, es un tema de discusión de hace muchos años”, dijo.

“Lo que sí les digo es que esté es un fallo que vamos a analizar y acatarlo, pero insisto en que hay pasos jurídicos que hay que seguir”, concluyó el ministro Pinzón.

Indígenas ratifican posición de sacar a actores armados

Luego de una discusión en la mesa de concertación de los pueblos indígenas, donde se reúnen los representantes de cada comunidad del país, los voceros de los aborígenes ratificaron que la Fuerza Pública debe abandonar sus territorios. Así mismo, comunicaron que su inconformismo con el Gobierno Nacional radica en que no ha cumplido los acuerdos pactados con la comunidad.

En un comunicado expedido luego de la mesa de concertación nacional, los pueblos Indígenas afirman que “se han presentado toda clase de incumplimientos del Gobierno Nacional, los cuales se expresan en que de los 96 acuerdos suscritos en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, a la fecha, ninguno ha sido cumplido a cabalidad y en relación con la Ley de Victimas, los pueblos indígenas y comunidades no hemos recibido beneficio alguno”.

Los indígenas manifiestan que tienen la disposición de dialogar con el Gobierno desde que se reiniciaron los acercamientos en octubre del 2010, cuando era ministro Germán Vargas Lleras.

Los indígenas manifiestan de manera tajante que no quieren más guerra en sus territorios y que cansados del conflicto armado que se desarrolla en medio de sus campos y pueblos, decidieron “sacar literalmente de sus resguardos al Ejército Nacional y a las Farc”.