LA PATRIA | MANIZALES*

El general (r) Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército Nacional, y otros ocho militares fueron imputados este miércoles de crímenes de guerra y de lesa humanidad por 130 casos de ejecuciones extrajudiciales ─llamadas también falsos positivos─ en el oriente de Antioquia.

Así lo dio a conocer la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que documentó que entre el 2002 y el 2003 las unidades tácticas pertenecientes a la IV Brigada del Ejército asesinaron y desaparecieron forzadamente a personas en 16 municipios antioqueños, entre ellos San Carlos, San Rafael, Granada y Cocorná. Asimismo, determinó que el fenómeno criminal se inscribió en la política del conteo de cuerpos, es decir, la imposición de las muertes en combate como único indicador de éxito para obtener incentivos, recompensas y no ser trasladados o retirados de la institución castrense.

La presión por “muertes en combate”, de acuerdo con la JEP, fue ejercida por el entonces comandante de la Brigada, el general Montoya, y por los comandantes de los distintos batallones, especialmente del Batallón de Infantería No. 4 Jorge Eduardo Sánchez, sobre los miembros de las unidades tácticas a través de los programas radiales. Por estos mismos crímenes fueron imputados los tenientes coroneles (r) Julio Alberto Novoa Ruiz e Iván Darío Pineda Recuero, antiguos dirigentes del Batallón de Medellín. Como coautores fueron imputados el comandante de pelotón en las baterías Deriva, Atacador y Cañón, subteniente Emerson Antonio Castañeda Morales; el comandante de la batería Bombarda y Cañón, teniente Nelson Enrique Carvajal Chisco; el comandante del pelotón Atacador 1, subteniente Edwin Leonardo Toro; el comandante de la batería Cañón, subteniente José Alejandro Ramírez; el comandante del pelotón Bombarda 1, subteniente Diego Germán Guzmán Patiño, y el soldado regular Óscar Iván Mayo Marulanda.

Documentación de la JEP

La acusación se sustenta en que la Sala de Reconocimiento de Verdad encontró que la obligación impuesta por Montoya Uribe a las unidades tácticas de reportarse en términos de “litros”, “chorros”, “ríos”, “barriles”, o “carrotancados” de sangre fue una orden recurrente. La presión se combinó con mensajes que desincentivaban la producción de otra clase de resultados, como las capturas, y que llevaban a ignorar deliberadamente los deberes legales e institucionales que tenían los militares. "Los imputados instigaron o indujeron a los ejecutores materiales, a pesar de no tener siempre contacto directo con ellos y encontrarse, por regla general, relativamente alejados del lugar de la perpetración", afirma el Tribunal.

El rol que cada uno de ellos ocupó para la época de los hechos en la institución militar los puso en capacidad de incidir directamente en la aparición y consolidación del patrón macrocriminal, en el que se enmarcan los crímenes imputados. Respecto de los comandantes de brigada y batallón, en particular, la Sala tuvo en cuenta su posición de garantes y la implementación por ellos de una política de facto que no tenía en cuenta el Derecho Internacional Humanitario (DIH), que puso en riesgo a la población civil.

El proceso

La imputación se da en el Subcaso Antioquia I, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentados como bajas en combate por agentes del Estado entre el 2002 y el 2003 en el oriente antioqueño. En el caso del general (r) Montoya, la JEP lo imputó a título de autor de crímenes de guerra y de lesa humanidad por mentir sobre el número de bajas y encubrir casos de extralimitación del uso de la fuerza así como por presionar a los miembros de las unidades militares bajo su mando para obtener bajas “en combate”, emplear un lenguaje violento que exaltaba el derramamiento de sangre y ordenar que no se reportaran capturas por considerarlas resultados operacionales indeseados

La Sala continúa investigando los hechos en Antioquia entre el 2004 y el 2006, y algunos hechos ilustrativos del 2007, así como la presunta responsabilidad del general Montoya en otros hechos de ejecuciones extrajudiciales mientras fue Comandante del Comando Conjunto Caribe y del Ejército Nacional. También se sigue investigando los crímenes cometidos por agentes del Estado en connivencia, asociación u operaciones conjuntas con grupos paramilitares en Antioquia en el marco del Caso 08. Hasta el momento, la JEP ha imputado a 62 personas por falsos positivos.

*Con información de la JEP.