Nueva víctima de ataque con ácido es de Manizales

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

En los últimos 12 días, al pabellón de quemados del Hospital Simón Bolívar de Bogotá han llegado ocho personas afectadas por quemaduras con ácido, entre ellas un hombre.

Fuentes del centro asistencial confirmaron que el hecho más reciente es el de Luz Adriana Jurado Valencia, una recicladora de 43 años, natural de Manizales, quien llegó en la madrugada de ayer, proveniente del Hospital Mario Gaitán Yanguas, del municipio de Soacha.

En el centro médico de la capital fue recibida en la madrugada del pasado domingo, tras ser agredida por otra mujer al parecer por un lío relacionado con motivos pasionales.

De acuerdo con el coronel Giovanni Palacio, comandante de la Policía de Soacha, el ataque se registró en el sector conocido como Altos de la Florida.

Luego de que las dos mujeres consumieran gran cantidad de alcohol se enfrascaron en una discusión, y fue cuando la otra dama, cuya identidad no ha sido revelada, le arrojó a Luz Adriana agua hirviendo revuelta con un agente químico.

Debido a la gravedad de las lesiones, fue remitida del hospital de Soacha al Simón Bolívar, donde el primer parte médico es muy desalentador: lesiones de segundo y tercer grado en buena parte del cuerpo que le comprometen gravemente cuero cabelludo, cara, espalda, abdomen, tórax, y una profunda lesión de tercer grado en la pierna derecha.

Luz Adriana, según un vocero del Hospital Simón Bolívar, está programada para ser intervenida quirúrgicamente hoy.

Mientras tanto, la Policía reveló el retrato hablado de alias ‘Jairo’, el presunto agresor con ácido de Inés Carrillo, la mujer que trabajaba en la localidad de Bosa administrando un local de comidas rápidas.

"Imposible controlar todas las sustancias"

Luego de conocidos los ataques con ácido a personas, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, aseguró que este debe ser un tema que hay que tratar con cautela y señaló que desde su entidad “han hecho la tarea” en lo que les compete.

Según el Ministerio, sus actuaciones están delimitadas, pues solo le toca garantizar la atención prioritaria a estas víctimas y delimitar la responsabilidad de las EPS. Sobre todo en lo que tiene que ver con los temas quirúrgicos, lo psiquiátrico y psicológico, las EPS tienen que brindar atención clara y oportuna.

En cuanto al control de las sustancias utilizadas para estos ataques, Gaviria aseguró que “hay una responsabilidad que le compete al Invima, hay un responsabilidad policial que no es de este Ministerio, es de las entidades territoriales; nosotros sí tenemos una responsabilidad, dijéramos, en priorizar las sustancias, estamos trabajando en ello”.

Y agregó: “Tenemos reuniones para reaccionar como debe ser a un tema muy complejo. Quiero dar tranquilidad en que en las responsabilidades del Ministerio hemos hecho la tarea. Uno no puede controlar todas las sustancias, hay unas más peligrosas que otras, es ver dónde vamos a hacer el énfasis en el control”.

El jefe de la cartera de Salud también dijo que han trabajado en los protocolos de atención de urgencias, así como de la mano con el Hospital Simón Bolívar, que son quienes concentran sus esfuerzos en ello.

Habló Minjusticia

Bogotá. El ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, aseguró ayer que la llamada ausencia de reglamentación de la ley 1639, por medio de la cual se refuerzan las medidas de protección a las víctimas de ataques con ácido, no impide que la norma se aplique con toda la rigurosidad del caso.

Debido a la polémica que han suscitado las penas que se le otorgan a los agresores en este tipo de hechos, el Ministro dijo que por medio de la ley que expidió el Gobierno en el 2013 se aumentaron las penas de 8 a 16 años, también se consideró ese delito como excarcelable.

“La ausencia de reglamentación no se refiere ni al delito, ni a la pena”, aseguró Gómez Méndez.

Sobre la tipificación del hecho, el Ministerio de Justicia afirmó que los fiscales y jueces son los encargados de analizar cada caso para dar un concepto sobre qué clase de agresión se presenta.

Gómez Méndez añadió, frente al tema del aumento de penas, que “más importante que aumentar los años de cárcel, como ya se hizo, es conseguir un sistema judicial que permita hacer capturadas de manera inmediata, como en el caso de Natalia Ponce de León. Eso debe pasar con todas las víctimas”.

La reglamentación estaría encaminada a trabajar el tema de la regulación de la venta de sustancias, que aunque se especifica en la ley, se debe realizar con mayor eficacia.