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Si bien Megabús de Pereira fue el primer sistema masivo de transporte en echarse a rodar en una región diferente a Bogotá, también fue el primero en empezar a desnudar los problemas que hoy aquejan a estos modos de transporte del país que pasan por una situación de iliquidez que ya han sacado a flote algunos operadores.
Promasivo, que maneja la cuenca más grande de Megabús (60%), recibió ayer el desembolso de un crédito para cancelarle a conductores y empleados las dos últimas quincenas y la prima de mitad de año. Al cierre de esta edición, los conductores esperaban que se reflejara en sus cuentas dichos pagos para levantar el paro (el séptimo que realizan), tras ocho días de parálisis, que le habría dejado al sistema pérdidas diarias estimadas entre $70 millones y $80 millones.
El gerente de Megabús (ente gestor), Jorge Alexis Mejía, explicó el proceso que se lleva con Promasivo, que está bajo la amenaza de caducidad de contrato y lleno de sanciones y multas por incumplimientos.
De hecho, muchos en Pereira no entienden cómo Promasivo, del cual es socio opera el Transmilenio en Bogotá, sigue en el sistema, si no cumple con dos de los pilares del contrato de concesión: las obligaciones laborales y el mantenimiento de los vehículos.
Incumplimientos
Promasivo consiguió un crédito para pagar salarios y conjurar el paro, ¿esto no es solo apagar un incendio, pero dejar el problema vivo?
Hoy se están adelantando dos situaciones frente a este operador. Primero es una vigilancia que adelanta la Superintendencia de Puertos y Transporte hace un año. Ya se firmó un ‘Megapacto’ y uno de los puntos es que se dio un plazo de cuatro meses, que se vence en septiembre, para que Promasivo tenga toda su flota (61 buses alimentadoras y 13 articulados) en buen estado y en funcionamiento. Los conductores han denunciado mal mantenimiento de los vehículos. Con esto la Superintendencia busca que Promasivo logre recuperarse en el tema operativo. El otro punto es que Megabús empezó un proceso sancionatorio al operador, en el cual se demuestran en las audiencias, por parte de la interventoría del contrato, nueve incumplimientos. En ellas el operador presenta sus argumentos y en los próximos meses se tomará una decisión.
Pero si Promasivo ha incumplido reiteradamente ¿por qué es tan difícil dar una solución definitiva, por ejemplo, la caducidad del contrato de concesión?
Son concesiones hechas a 17 años, ya llevamos siete, estamos hablando de contratos importantes de un gran monto. Por eso el Gobierno debe ser muy juicioso en los procedimientos que se establezcan. Hemos dado todas las garantías al operador y hemos seguido los procesos, porque cuando aparecen los incumplimientos, ellos (Promasivo) nos sacan como los malos del paseo y empiezan a hablar del paralelismo, de la demanda, de las multas. Es más, han solicitado que les devolvamos la plata de las multas. Puede sonar a que hemos sido permisivos, pero no es fácil declarar la caducidad de un contrato al que aún le quedan 10 años. Por eso hemos dado todas las oportunidades y garantías.
¿O es que Megabús tiene rabo de paja y no se le ha cumplido a los operadores con aspectos como los pasajeros movidos?
El privado pudo hacer todos los estudios para meterse en la concesión y mirar si era negocio. El otro operador (Integra) tiene 40% del sistema y genera utilidad. El año pasado dio $1.700 millones de ganancia desde el masivo. En estas concesiones el riesgo de la demanda está en cabeza del privado.
¿Cree entonces que el problema es de desorden del operador?
Le liquidamos por semana entre $420 millones y $480 millones a través de la fiducia. Se le descuentan las obligaciones. Y ahora que tienen menos flota le llegan más recursos. Entonces, la operación le da para sostener el negocio, otra cosa son las obligaciones que tiene.
El superintendente de Puertos y Transporte, Juan Miguel Durán, señaló ayer desde Cali, que hoy estará en Pereira, para obtener los insumos necesarios frente a la situación actual del sistema de transporte masivo de Pereira (Megabús). La entidad ha sancionado al operador Promasivo por incumplimientos con obligaciones laborales. “Seguimos en un análisis de fondo para mirar cuál sería la mejor salida jurídica a la situación del sistema”.
Indicó que la idea es buscar soluciones que conlleven a acciones puntuales que se puedan medir.
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