EFE | LA PATRIA | Bogotá

La Fiscalía quedó ayer en manos de la vicefiscal Martha Janeth Mancera tras la salida de Francisco Barbosa, quien asumió el cargo en 2020 y ha estado enfrentado durante meses con el presidente, Gustavo Petro.

La abogada asumió como fiscal general encargada hasta que la Corte Suprema de Justicia elija a la nueva titular del cargo entre las tres candidatas propuestas por el presidente Gustavo Petro.

Mancera aseguró que está "abierta y dispuesta al diálogo con todas las instituciones del Estado" en referencia a la controversia que enfrenta al presidente con la Fiscalía y con la propia Corte.

"Asumo este rol por lealtad a mis deberes como funcionaria de la Justicia, pero consciente de que una permanencia extensa en la Dirección del ente investigador y acusador no es deseable para una óptima marcha", dijo Mancera al asumir como remplazo temporal de Barbosa.

Agregó que "con independencia de quien llegue a ser la fiscal titular, la recibiremos de manera oportuna y con la mejor disposición en orden a cumplir las labores de empalme que corresponda".

Para suceder a Barbosa, Petro postuló a las juristas Ángela María Buitrago, Amelia Pérez Parra y Luz Adriana Camargo, pero en las cuatro votaciones realizadas hasta el momento por la Corte, compuesta por 23 magistrados, ninguna ha logrado los 16 votos requeridos.

La Sala Plena de la Corte Suprema se volverá a reunir el 22 de febrero para una nueva votación luego de que la sesión del pasado jueves terminara con un asedio a ese tribunal por parte de manifestantes afines al Gobierno.

El presidente Petro, que mantiene un agrio enfrentamiento político e ideológico con Barbosa, quiere que la Corte elija cuanto antes a la nueva fiscal general para que no se prolongue la interinidad de Mancera, con quien también tiene serias diferencias.

Los cuestionamientos

Según un informe de la revista Raya, Mancera, que en febrero de 2020 fue nombrada vicefiscal por Barbosa, supuestamente encubrió los presuntos vínculos de Francisco Javier Martínez, director del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI, de la Fiscalía) en Buenaventura con una banda de traficantes de drogas y de armas.

El caso se originó en 2023 cuando dos agentes del CTI denunciaron una supuesta persecución por parte de Mancera por haber informado de los supuestos nexos de Martínez con el narcotráfico. Los denunciantes dijeron que le entregaron a la vicefiscal pruebas contra Martínez, pero esta no dio la orden de investigar.

Sin embargo, Mancera aseguró en una entrevista con el periodista Daniel Coronell que no era su deber abrir una investigación contra Martínez, ya que eran los agentes los que estaban obligados a denunciar y hacer un informe oficial que, según dijo, no realizaron.

Por este caso la misma Fiscalía le abrió una indagación a Mancera que, sin embargo, fue archivada por la entidad en enero de este año.

Retos de Mancera

Sectores afines a Petro consideran que la Fiscalía no ha sido imparcial en investigaciones como la de Nicolás Petro Burgos, primogénito del presidente y quien está procesado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, caso que salpica la campaña presidencial de su padre en 2022.

El mismo Petro ha manifestado su molestia por un registro judicial que la Fiscalía y la Corte Suprema hicieron a la sede en Bogotá de Fecode como parte de la investigación por el supuesto aporte de 500 millones de pesos que hizo ese sindicato de maestros a su campaña y que no fue informado a la autoridad electoral.

El jefe de Estado ha subrayado que la Constitución le prohíbe a la Fiscalía investigar al presidente y que eso fue lo que hizo Barbosa "en actividades que han incluido la tortura, la presión a testigos y la conversión de hechos completamente legales en ilegales".

Por esa razones, el mandatario espera que, en aras de la imparcialidad, el periodo de Mancera como fiscal general encargada sea lo más breve posible.

La CIDH llama la atención a la Corte y a Petro

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió ayer a la Corte Suprema de Colombia a elegir "con la mayor brevedad posible" a una nueva persona para ocupar el cargo de fiscal general.

En un comunicado, la CIDH advirtió además que la ausencia de una persona al mando de la Fiscalía "puede afectar su independencia y autonomía".

La CIDH también pidió al Ejecutivo colombiano "garantizar las condiciones para que dicho proceso culmine sin interferencias".