Liberación inmediata debe ser reclamada por la Nación

Dos policías que realizaban su labor en defensa de los colombianos fueron secuestrados por las Farc en zona rural de Pradera. El respeto por su vida y su integridad así como su libertad inmediata deben ser reclamados por la Nación, para impedir que se convierta en el resurgir en Colombia de uno de los peores atentados.

El hecho de por sí grave como quiera que constituye un atentado contra sus Derechos Humanos, se produce después de que los cabecillas del grupo guerrillero se comprometieron a terminar con el secuestro, como muestra de buena voluntad y de cambio en su actitud. No es necesario ser muy perspicaz para descubrir que esa declaración está en la esencia de la decisión tomada por el Gobierno Nacional de entablar un diálogo que conduzca a un proceso de paz que permita la reinserción de los integrantes de las Farc a la sociedad.

Lo ocurrido a los agentes Víctor Alfonso González y Cristian Camilo Yate revive en la memoria de los colombianos las innumerables ocasiones en que han sido engañados por el doble discurso de los jefes guerrilleros. Ellos adelantaban una investigación sobre el secuestro de un ingeniero y la extorsión de que son objeto habitantes de Pradera y Florida. Es decir, cumplían con su deber de perseguir el delito y proteger los intereses de la ciudadanía. Versiones de testigos confiables y pruebas recolectadas por los organismos de seguridad indican que fueron detenidos, les cambiaron sus ropas y fueron llevados a la parte alta de las montañas, donde están los reductos de las Farc.

Después de reconocer ayer que tienen en su poder a los agentes González y Yate, el vocero de la guerrilla expresó al Comisionado de Paz del Valle la intención de liberarlos en forma ‘unilateral’. No podría ser de otra manera. Es un secreto a voces que mientras las Farc pretenden parecer abanderados de la paz, la región es víctima de su violencia y sus habitantes padecen el flagelo de la extorsión y la amenaza del secuestro. Precisamente los policías cumplían una misión contra esos delitos cuando cayeron en manos de la guerrilla el pasado 25 de enero.

Refiriéndose al hecho, el secretario de la Conferencia Episcopal de Colombia, monseñor José Daniel Falla, expresó las preocupaciones que le surgen a cualquier ciudadano con el secuestro en cuestión. Dijo el prelado: “Qué podemos esperar ahora cuando están con hechos contradiciendo todo lo que han dicho. Qué podemos esperar de lo que lleguen a acordar, si es que acuerdan alguna cosa. Entonces, en ese sentido yo sí creo que es un golpe duro a este proceso que estamos viviendo”.

Así se pretenda restarle importancia diciendo que se trata de hechos propios del conflicto, el secuestro de los Policías es un acto terrorista que debe ser rechazado en forma clara. Y la liberación de los dos funcionarios tiene que ser inmediata. Son sus derechos humanos los que están siendo atropellados por sus secuestradores. Y son los compromisos de los dirigentes de las Farc los que están siendo desconocidos, en momentos en que el Gobierno ha confiado en su palabra y está discutiendo con ellos la posibilidad de un proceso de paz.