EFE | LA PATRIA | Bogotá

La Fiscalía General de la Nación acusará a la exministra de Transporte Cecilia Álvarez por supuestas irregularidades en un contrato de la brasileña Odebrecht para la construcción de la carretera Ruta del Sol II, informó este viernes el ente acusador. 

La imputación es por el delito de interés indebido en la celebración de contratos porque, según la Fiscalía, Álvarez es "responsable de viabilizar la ejecución irregular de los otrosíes 3 y 6 al contrato 'Ruta del Sol II', los cuales adicionaron el tramo Ocaña-Gamarra al proyecto vial". 

El pasado 6 de julio la Fiscalía imputó a la exfuncionaria por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, por decisiones que tomó dentro del contrato de construcción de la Ruta del Sol II que habrían terminado favoreciendo a terceros. 

Sin embargo, la exministra no aceptó los cargos y por eso su caso avanza a juicio. 

La Fiscalía explicó hoy en un comunicado que Álvarez, que fue ministra de Transporte entre el 2012 y el 2014, durante el primer mandato presidencial de Juan Manuel Santos, supuestamente desconoció las normas contractuales, la jurisprudencia y un concepto de la Sala de Consulta del Consejo de Estado. 

Según el escrito de acusación, la exministra "no impidió" que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), entidad adscrita al Ministerio de Transporte, realizara "dos adiciones improcedentes que permitieron al Consorcio Ruta del Sol, del que hacía parte Odebrecht, asumir la construcción del nuevo trayecto sin que mediara un proceso de contratación en el que concurrieran varios oferentes". 

En consecuencia, la Fiscalía consideró que Álvarez "sería responsable del delito de interés indebido en la celebración de contratos". La audiencia de acusación será programada en la fecha que fije la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. 

El agosto pasado la Fiscalía imputó cargos a diez exfuncionarios de la ANI implicados en supuestas irregularidades en un contrato con Odebrecht para la construcción de la carretera Ruta del Sol II.  

En su momento, la Fiscalía aseguró haber "desvelado el mecanismo criminal", que permitió que la multinacional, desde su sede en Brasil, creara un departamento "dedicado exclusivamente a la distribución de sobornos en todo el mundo". 

Este modelo se replicó en Colombia y los sobornos contaron "con la ayuda de altos funcionarios del Gobierno como ministros y directores de institutos; congresistas, funcionarios públicos de distintos niveles, lobistas, contratistas y particulares", explicó la Fiscalía. 

Esta "empresa criminal paralela", según la Fiscalía, actuó en la adjudicación del contrato de la llamada Ruta del Sol II, que une al centro del país, desde Puerto Salgar (Cundinamarca), con el Caribe, en San Roque (Cesar).