Efe | LA PATRIA | Bogotá
La Procuraduría General pidió a la Justicia Especial para la Paz (JEP) que revoque la decisión de aplicar la garantía de no extradición a EE.UU. al excomandante de las Farc Jesús Santrich. Considera que los hechos de los que se le acusa tuvieron lugar tras la firma de paz.
Carrillo subrayó que la resolución del Departamento de Justicia de los Estados Unidos asegura con certeza que los hechos por los cuales la Justicia norteamericana requiere al señor Seuxis Paucias Hernández Solarte son posteriores al primero de diciembre del 2016, fecha en la cual entró en vigor el acuerdo de paz.
La JEP examinó su caso y el pasado 15 de mayo le concedió la garantía de no extradición y ordenó su libertad inmediata, aunque dos días después, al salir de la cárcel La Picota de Bogotá, fue recapturado por la Fiscalía que dijo tener nuevas pruebas en su contra.
Carrillo, que el mismo día anunció que apelaría el concepto favorable a Santrich, consideró a su vez que la Justicia Especial para la Paz "tenía potestad exclusivamente para verificar solo la temporalidad de dichos hechos y no para extender su análisis sobre la materialidad de la conducta, ni mucho menos sobre la responsabilidad penal que de ella se derive".
Más pruebas
Carrillo explicó que la Fiscalía General de la Nación cuenta con elementos probatorios suficientes que confirman la realización de dichas conductas en dicha fecha, "claramente posterior a la firma del acuerdo de paz", que tuvo lugar en Bogotá el 24 de noviembre del 2016.
Con ese argumento, la Procuraduría solicitó a la Sala de Apelaciones de la JEP que ordene el traslado de todas la pruebas con las que cuenta la Fiscalía para que con estas nuevas evidencias se reafirme que los hechos delictivos imputados se cometieron con posterioridad al 1 de diciembre del 2016.
"El proceso de paz vale mucho más que episodios individuales como este, que puede que hayan sido el primero, pero no van a ser el último, y eso lo digo un poco reiterando la necesidad del éxito del proceso de paz, que seamos capaces de 'desantrichizar' el proceso de paz", sentenció.
En opinión de la Procuraduría (Ministerio Público), pretender aumentar el régimen de condiciones benéficas para quienes se acogieron al acuerdo de paz no es procedente y pone en riesgo la sostenibilidad de la paz.
En esta línea, para evitar que la paz se desmorone, Carrillo pidió el cumplimiento de las "reglas de juego establecidas en el acuerdo de paz, ese es el único reclamo de esta Procuraduría".
"Hay que cumplir con esas normas, pero no sigamos en esa tendencia de flexibilización de una justicia que definitivamente no puede desnaturalizarse", concluyó.
El exjefe guerrillero Jesús Santrich fue detenido en Bogotá el 9 de abril del 2018 por la Fiscalía acatando los cargos de EE.UU. por narcotráfico, delito que, según la denuncia, cometió después de la firma de la paz, con lo cual su caso quedaría en manos de la justicia ordinaria y no de la JEP, tribunal transicional que juzga los crímenes cometidos en el conflicto armado.
El procurador, Fernando Carrillo, recordó que la Fiscalía con base en la declaración de Marlon Marín Marín excombatiente de las Farc e investigaciones extranjeras, dijo: “en la ciudad de Bogotá desde aproximadamente el mes de junio del 2017 y hasta abril del 2018 el señor Seuxis Pausias (sic) Hernández Solarte y Armando Gómez España, Fabio Younes Arboleda, Marlon Marín Marín, entre otros, se concertaron con el fin de cometer la conducta de tráfico de estupefacientes en diversas cantidades, desde 1.500 kilos hasta 10.000 kilos”.
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