Gobierno pide objetar la reforma a la justicia

COLPRENSA|LA PATRIA|BOGOTÁ

Con un memorial netamente jurídico de 68 páginas, el Gobierno Nacional le pide al Congreso de la República que estudie sus objeciones, por inconstitucional e improcedente, entre otras razones, al acto legislativo que la semana pasada le dio vida a la reforma a la justicia.

El documento, firmado por el saliente ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, y el titular del Interior, Federico Renjifo, señala que “el Gobierno Nacional espera que las deficiencias detectadas en este escrito conduzcan a que el Honorable Congreso de la República adopte las medidas necesarias para evitar que las disposiciones señaladas entren en vigencia. No obstante, dada la gravedad de estas irregularidades y las previsibles consecuencias que su implementación podría generar en la estabilidad institucional del país, en la afectiva prestación del servicio de administración de justicia y en el desarrollo transparente de la actividad parlamentaria, el Gobierno Nacional se permite objetar la totalidad del articulado aprobado por el Congreso”.

En sus explicaciones el Gobierno justifica la petición en el sentido que en varios casos la “aprobación de los textos de la reforma se hizo de espaldas a la voluntad de las cámaras, en flagrante exceso de las facultades de conciliación y, por qué no, en un ejercicio abusivo de competencias que podría calificarse como desviación de poder”.

También se justifica el Gobierno para pedir el hundimiento de la reforma en que lo aprobado por el Congreso “es tan nocivo para la institucionalidad y tan opuesto a los fines del Estado que sólo la premura de los debates, acosados por la culminación de la legislatura, permiten comprender el hecho de que hayan sido incluidas en el proyecto. Estos cambios hacen que todo el proyecto se haya tornado manifiestamente inconveniente”.

De la misma forma asegura el memorial que al revisar la reforma se observa que muchas disposiciones aprobadas evidencian que su inclusión no cumplió con los debates mínimos exigidos por la Constitución, “por tanto, que no fue suficientemente debatida a lo largo del trámite del proyecto por el Congreso”.

Críticas al Congreso

Al leer el documento es evidente la molestia que tuvo el Gobierno Nacional con el Congreso, que les formula serias críticas a los parlamentarios por haber pretendido aprobar una reforma constitucional que se aparta de la legalidad.

“El Gobierno encuentra con preocupación que en estos casos la voluntad de reforma constitucional del Congreso no parece haber quedado plasmada en el texto definitivo de la reforma y, en consecuencia, las disposiciones que podrían entrar en vigencia no reflejan la voluntad del pueblo, democráticamente representada en la de sus congresistas”, sostiene el Gobierno.

También les dice el Gobierno a los congresistas que hay normas aprobadas que “las convierte en piezas altamente inconvenientes para el funcionamiento del Estado, para la administración pública, especialmente para la administración de justicia, y para la vigencia de derechos y garantías públicas de los asociados”.

Insiste el Ejecutivo en que “algunas de las normas aprobadas por el Congreso tienen la capacidad de desestabilizar el andamiaje de la administración de justicia, en detrimento de la garantía de derechos como el acceso a la administración de justicia o la afectación de principios como el de responsabilidad de los servidores públicos o transparencia de la función pública”.

“Es legal objetar”

Recurre el Gobierno Nacional al Artículo 165 de la Constitución para soportar legalmente las objeciones de la reforma constitucional, aunque ese texto hace referencia las leyes.

“La Corte Constitucional ha interpretado la norma, en concordancia con otras disposiciones constitucionales, en el sentido de que la objeción gubernamental procede esencialmente para los proyectos de ley y no para los actos legislativos. Esta interpretación, recogida en varios de sus pronunciamientos, los cuales no han versado específicamente sobre ningún caso de objeciones gubernamentales contra los proyectos de acto legislativo, encuentra apoyo en el hecho de que la sanción del presidente de la República constituye la convalidación del proyecto de ley, por lo que, en presencia de serias objeciones de tipo constitucional o político, el Presidente puede negarse a sancionarlo como manifestación de su desacuerdo con la forma en que fue aprobado o el contenido jurídico o político de sus artículos".

"En el terreno de los proyectos de acto legislativo, el procedimiento de aprobación es similar al de la ley, aunque existen particularidades específicas señaladas por la Constitución y la Ley 5ª de 1992, como el número de debates y las mayorías exigidas para su aprobación. Apoyada en esas singularidades, la Corte Constitucional ha dicho de paso, en algunas ocasiones, en sentencias ajenas al trámite de objeciones a actos legislativos, que en el proceso de formación de los actos legislativos el Gobierno no tiene competencia para presentar objeciones. La Corte invoca el artículo 375 de la Carta para establecer esa diferencia, pero, como se verá más adelante, no existe un pronunciamiento específico que aborde el tema desde la consideración de todas sus implicaciones constitucionales".

Mayoría de la Unidad Nacional pide hundir la reforma

Cuando mañana el Congreso de la República se reúna para estudiar las objeciones a la reforma a la justicia, la Unidad Nacional, la coalición política del Gobierno Nacional, llegaría unificada en la idea de hundirla toda.

El senador del Partido Liberal Juan Fernando Cristo aseguró que es necesario hundir el acto legislativo y que de la misma idea es el presidente Juan Manuel Santos, con quien se reunió este lunes en la Casa de Nariño por algunos minutos: “Hay que hundirla y hay que hundirla totalmente, hay que rechazar las voces de quienes pretenden salvar algo de la reforma; debe ser hundida de manera aplastante y tiene que haber un mensaje político claro del Gobierno, del Congreso y de las cortes a los colombianos. Hay que doblar esta triste página del proceso legislativo”.

Declaró, además, que hay una responsabilidad compartida frente a la aprobación del acto legislativo en la etapa de conciliación y calificó ese hecho como “una metida de pata”: “Este episodio ha sido un festival de metidas de pata del Gobierno Nacional, que no trancó la reforma cuando ha debido hacerlo y muchos se lo advertimos; de las mesas directivas del Congreso; de la comisión de conciliación y, hay que decirlo también, metida de pata de nosotros mismos, que con la presión del último día no advertimos los goles que venían incluidos”.

Otros dos partidos de la Unidad Nacional no han se han reunido todavía, el Conservador y Cambio Radical, pero algunos de sus directivos han expresado que esa sería definitivamente la posición a seguir.

El presidente del conservatismo, Efraín Cepeda, citó para hoy a junta de senadores y representantes, en la que se planteará esa propuesta de hundirla, la cual ha venido expresando Cepeda desde el viernes pasado, cuando apoyó al presidente Santos en las objeciones a la reforma a la justicia.

Cambio Radical, por intermedio del representante Germán Varón, también aseguró que es mejor hundir la reforma, sin embargo este partido no ha notificado a su bancada si hace reunión de junta de parlamentarios antes de votarla el jueves venidero.

En cuanto al Partido de la U, su presidente, Juan Lozano, se encuentra en Inglaterra y regresará hoy en la noche. Según trascendió de manera informal, la reunión de la bancada sólo se daría el jueves, antes de la votación definitiva.

“Si el Congreso decide archivarla, bienvenido sea”: Santos

Al explicar que las objeciones que presentó el Ejecutivo ante el Congreso de la República, sobre el acto legislativo de la Reforma a la Justicia, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que debido a las inconsistencias encontradas, “si el Congreso decide archivar la reforma, bienvenido sea”.

Confesó que cuando le informaron sobre los ‘micos’ incluidos en el acto legislativo, quedó “horrorizado” por las consecuencias que podría tener en caso de promulgarse. Por tal razón, decidió utilizar la vía constitucional y llamar a sesiones extraordinarias para que el Congreso decida sobre las objeciones presentadas.

Lo importante con estas últimas medidas, agregó, era reducir el estado de incertidumbre que se estaba creando alrededor del texto final de la reforma judicial, aprobada en la etapa de conciliación.

El registrador no recibió a comité del referendo

A los 9 miembros del comité promotor del referendo derogatorio de la Reforma a la Justicia les tocó quedarse en la puerta de la Registraduría en la tarde de ayer, pues el registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez no atendió la cita que había acordado previamente con ellos.

El vocero de la organización, Armando Novoa, señaló que “esta actitud es un irrespeto de los burócratas” y anunció que no se volverá a reunir con el Registrador y no volverá a la institución hasta tanto no tenga las firmas necesarias para la inscripción del comité ante la institución.

La reunión estaba planeada para que el comité promotor conociera, de boca del Registrador, cuáles eran los requisitos para presentar el millón 600 mil firmas que se necesitan para derogar la Reforma a la Justicia, en caso de que sea aprobada.

La Registraduría Nacional informó que el comité nunca pidió cita y que la oficina de Censo Electoral está dispuesta a atender a todos aquellos que requieran información sobre el tema.

La directora de la Misión de Observación Electoral, MOE, Alejandra Barrios dijo que “estoy realmente sorprendida porque el registrador ha estado de manera permanente dispuesto a conversar con personas de la sociedad civil y además con personas de las calidades como las de María Teresa Garcés quién es exconstituyente. Espero que esto haya sido una equivocación”.

Por su parte, una promotora del referendo derogatorio y directora del Observatorio de Justicia, Maria del Pilar Arango, dijo que “nos parece desconsiderado, lamentable e irrespetuoso con nuestro tiempo con algo tan importante como lo es una iniciativa popular. Teníamos cita a las 3:30 de la tarde con el señor Registrador para presentar nuestra iniciativa, primero nos dicen que nos va a recibir y luego que será un delegado, pero esa no es la manera de tratar al pueblo”.