"El Incoder está incumpliendo con su obligación constitucional": Contraloría

 La Contraloría General de la República detectó varias irregularidades fiscales en el proceso de adjudicación de los baldíos por parte del Incoder, y presentó varios hallazgos con un presunto alcance fiscal por $150.378 millones por incumplimiento de la Ley 160 de 1994.

Según la Contraloría, la investigación se adelantó en el segundo semestre de 2013 con el objetivo de estudiar la acumulación irregular de predios baldíos en la altillanura del paí. La Contraloría además halló pruebas que comprometerían a personas naturales y jurídicas que, según testimonios, permitieron la apropiación irregular de baldíos.

ACUMULACIÓN IRREGULAR DE PREDIOS

La Contraloría revisó 211 soportes, que fueron contrastados con información contenida en folios de diferentes matrículas inmobiliarias y anotaciones registradas en los departamentos del Meta, Vichada y Casanare, los cuales fueron visitados para verificar el funcionamiento de las direcciones territoriales del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder).

Las oficinas de Registro de Instrumentos Públicos en los municipios de Villavicencio, Puerto López, San Martín de los Llanos y Acacias en el Meta, Puerto Carreño en Vichada, y Orocué y Yopal en Casanare, también fueron visitadas como parte de la investigación.

HALLAZGOS

-En el marco de la auditoria que realizó la Contraloría, se establecieron tres hallazgos administrativos, uno de los cuales tiene un presunto alcance fiscal $150.378,92 millones, disciplinario y penal, que serán trasladados ante las autoridades competentes, por el incumplimiento de los artículos 1, 12 y 72 de la Ley 160 de 1994 por parte del Incoder.

La revisión realizada por parte de la Contraloría a los folios de matrícula, que se originan en la resolución de adjudicación de terrenos baldíos, a través del Incora o del Incoder, pertenecientes a los municipios de Puerto Carreño, Departamento de Vichada; Puerto López y San Martín de los Llanos, departamento de Meta; Orocué y Yopal, Casanare.

Según la Contraloría, se estima que la acumulación de terrenos adjudicados inicialmente como baldíos es de un área total de 101.180,57 hectáreas, adquiridas por valor total de $150.378,92 millones por 14 entes jurídicos o personas naturales, a través de sociedades por acciones simplificadas de su propiedad.

-Según la Contraloría, el segundo hallazgo, fueron 16 casos de acumulación de terrenos baldíos por parte de diferentes particulares, los cuales no tenían los requisitos necesarios y contrariaban la normatividad, para adquirir los predios.

-El último hallazgo, es de carácter administrativo y corresponde a la deficiente gestión por parte del Incoder, para lograr la recuperación de los terrenos acumulados irregularmente por particulares.

ACCIONES DEL INCODER

Según informes de la Contraloría, en el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), se han interpuesto 15 demandas, para que se declare la nulidad de los contratos de compraventa sobre los predios baldíos; de las 15, a la fecha, 5 han sido admitidas, 5 se encuentran en calificación, una ha sido rechazada y cuatro están pendientes de completar la documentación necesaria.

A pesar de que se han presentado varias demandas, la Contraloría informa, que el Incoder está incumpliendo con su obligación constitucional y legal de recuperar los terrenos baldíos acumulados de manera irregular.

Según el ente regulador, se está adelantando una revisión de cinco denuncias adicionales, en los municipios de Ayapel, Cereté y Montería (Córdoba), Caucasia (Antioquia), Puerto López y San Martín de los Llanos (Meta), San Vicente del Caguán (Caquetá) y Puerto Carreño (Vichada), para consolidar las respectivas observaciones de este órgano de control.

IRREGULARIDADES EN CAQUETÁ

San Vicente del Caguán y Florencia, son de las ciudades más afectadas por la apropiación ilegal de terrenos baldíos por parte de particulares.

Según la Contraloría Delegada de Participación Ciudadana, en el seguimiento especial a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, en los municipios se presentan irregularidades en los registros de escrituras públicas y resoluciones de adjudicación y titulación.

“De acuerdo con los resultados de la investigación a partir de una denuncia anónima recibida en esta dependencia, se evidenció la pérdida de 52.315 hectáreas adjudicadas por el INCORA/ INCODER y 97.828 hectáreas por falsa tradición por un valor estimado de dos billones ochocientos cincuenta mil millones de pesos ($2.850.000.000.000)”, informó la Contraloría Delegada de Participación Ciudadana, a través de un comunicado.

Según la Contraloría, entre las fallas y procedimientos inadecuados se evidenciaron en la Oficina de Instrumentos y Registros Públicos de San Vicente del Caguán y Florencia Caquetá, el recaudo del impuesto de registro, que debió pagar la Superintendencia por un valor de $1.708.349.000 millones de pesos impuestos de registro, intereses moratorios y sanciones.

La Contraloría General de la República, ha considerado trasladar a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación los casos, para que sean investigados por las presuntas omisiones del Superintendente de Notariado y Registro en el cumplimiento de su deber legal.