Devolverán acto legislativo de la reforma

COLPRENSA|LA PATRIA|BOGOTÁ
El presidente Juan Manuel Santos anunció anoche que devolverá el acto legislativo de la reforma a la justicia con objeciones, que espera que el Congreso acepte.

En alocución, el mandatario dijo que la idea de la reforma era terminar con instituciones que no estaban operando, descongestionar la justicia, eliminar el Consejo Superior de la Judicatura, y no para enredar la justicia ni dar favorecimientos a quienes están procesados.

“En medio de los debates surgieron diferencias entre las cortes, el Gobierno y los congresistas como los periodos de magistrados, pero que son diferencias superables”, recordó.

Agregó que en la conciliación la Comisión sesionó sin la presencia del ministro de Justicia, los cambios que hicieron en la sesión los informaron 10 horas después.

“El Gobierno detectó que hay cambios que en nada favorecen a la justicia, algunos son verdaderos ‘micos’ que se les cuelgan a los proyectos”.
 

Dijo que el texto aprobado por las plenarias de la Cámara y el Senado mantenía la competencia del fiscal para investigar a los altos funcionarios, por lo cual no se podía eliminar. “La Fiscalía tendría que paralizar mil 500 investigaciones a su cargo sobre esos funcionarios, y muchos podrían quedar en libertad. Esto es inaceptable para el país y para el Gobierno”.

Criticó la supresión del régimen de transición para la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, entre otros cambios.
 

“No vamos a dejar que se termine haciéndoles el juego a quienes se quieren beneficiar de la reforma. Asumo las consecuencias de mi decisión. Mañana (hoy) devolveré al Congreso el proyecto de acto legislativo de reforma a la justicia que he recibido para su promulgación”.

Las modificaciones
Los cambios que introdujo la reforma a la justicia y que favorecerán a la Rama Legislativa no sólo tendrán que ver con las normas por las que políticamente operan, sino que también desde lo judicial les influirá de manera positiva.

En la reforma política del 2009 se incluyó que como requisito para la aplicación de la silla vacía y de la responsabilidad de las organizaciones políticas se daría sólo cuando ya esté la sentencia condenatoria o imposición de medida de aseguramiento durante el periodo para el cual fueron elegidos.

Con los nuevos cambios esto será más difícil de que suceda. Primero; porque para perder la investidura se deberá verificar el dolo o la culpa con que se haya actuado y la sanción deberá atender al principio de proporcionalidad.

En ese sentido la silla vacía, que por ejemplo en el actual Congreso se le aplicó al senador Javier Cáceres Leal, a quien le quitaron la investidura. Además, se crea la doble instancia para juzgar a los parlamentarios en el Consejo de Estado.

La decisión de segunda instancia será adoptada con los votos de las tres quintas partes de los consejeros de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo con exclusión de los consejeros que hubieran conocido del asunto en primera instancia.
Luego de evaluado el caso, el alto tribunal deberá fallar en un término no mayor de 40 días hábiles por cada una de las dos instancias, los cuales se contarán a partir de la fecha de ejecutoria del auto admisorio de la demanda o de la ejecutoria de la providencia que admita el recurso de apelación, según el caso.

También en la reforma se señala que la declaratoria judicial de nulidad de la elección de Congresista no impedirá la declaratoria de suspensión o pérdida de investidura cuando a esta haya lugar.

La reforma incluyó además un artículo transitorio en el cual se dice que al momento de la entrada en vigencia del acto legislativo, los procesos serán remitidos por reparto a las distintas secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo para continuar con su trámite en primera instancia. Igual procedimiento se surtirá en los demás procesos que se adelanten ante la jurisdicción contenciosa en contra de los congresistas.

Se establece además que la detención preventiva solo procede contra los aforados una vez exista resolución de acusación en firme. Esto permite que si el congresista está siendo investigado podrá seguir ejerciendo con todas sus obligaciones hasta que salga la acusación formal.

Otro mico del que se habla es el hecho de considerar aforados a los secretarios generales de Cámara y Senado.

“Dejó crisis institucional”: Consejo de Estado

"Estamos en una crisis institucional que no deseamos jamás y que de alguna manera, en cambio de avanzar en el fortalecimiento y modernización de la Justicia y del Estado, implica un paso atrás muy preocupante".

De esta forma el presidente del Consejo de Estado, magistrado Gustavo Gómez Aranguren, manifestó su preocupación por el articulado de la Reforma a la Justicia que aprobó el Congreso.

Preocupa especialmente a la Corporación que no se fijaron mecanismos de transición para el Gobierno de la Rama y ya quedó eliminada la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

"Estamos pendientes de afrontar la terminación de funciones de la Sala Administrativa que es la que representa el funcionamiento de la Rama. No se dejó un régimen de transición para esa Sala, eso supone una crisis institucional que hay que afrontar y tratar de solventar de la mejor manera posible", dijo Gómez.

Con la entrada en vigencia de la Reforma quedan paralizados al menos 50 procesos de pérdida de investidura que ahora deberán repartirse entre las secciones del Consejo de Estado, para fallo de primera instancia en el que además se deberá comprobar dolo. Estos necesariamente irán a segunda instancia en donde deberán alcanzar los votos de las tres quintas partes de la Sala Plena para que prospere la acción.

Tal vez, el elemento más grave o polémico en este cambio, según explicó el magistrado Gómez, es que si la acción no prospera, quien denunció terminará pagando.

"Es una acción ciudadana que se gravó con una condena en costas en caso que la demanda no prospere en cargo del ciudadano que interponga la demanda. Eso va a desestimular por supuesto el control que se hacía de sus ciudadanos en cuanto al funcionamiento de sus congresistas. En la práctica, la institución quedó reducida a muy poco", señaló.

Igualmente, consideró que es el ciudadano de a pie el que se verá directamente afectado porque con sus impuestos deberá sostener una Corte de 17 miembros creada para juzgar las conductas penales de los aforados constitucionales, así como una rama judicial que a su juicio perdió independencia y autonomía.

"Nos ponemos la camiseta del referendo”: Clara López

El Polo Democrático anunció que presentará junto con las organizaciones estudiantiles y con parte de la rama judicial un referendo revocatorio que busca dar marcha atrás al proyecto de reforma a la justicia aprobado el miércoles en el Congreso.

"Ya los estudiantes, docentes y parte de la rama judicial estudian un referendo revocatorio de este acto injustificable e inexplicable de las mayorías del Congreso de la República que contó con el voto negativo del Polo Democrático", afirmó la dirigente.

Cuando se le preguntó sobre quién va a financiar el referendo y cuántas firmas se necesitan para revocar la reforma afirmó que "todavía es demasiado prematuro, la ley se aprobó ayer y comenzó a regir ayer, vamos a ver qué planteamientos hacen quienes están promoviendo esta iniciativa. Estoy segura que muchos ciudadanos de bien los vamos a apoyar".

La dirigente política afirmó con respecto a la iniciativa que "se ha eliminado la posibilidad de que en un futuro se adelante un proceso tan importante como la parapolítica, ya se deben estar abriendo las puertas de las cárceles para dejar salir a los implicados y la verdad es que lo que ha hecho el Congreso es garantizar la impunidad de la clase política".

En vilo procesos actuales en la Corte Suprema

En próximos días Colombia seguramente empezará a escuchar que exfuncionarios investigados por casos como la ‘parapolítica’, ‘yidispolítica’, las irregularidades en la Dirección Nacional de Estupefacientes, e incluso por Agro Ingreso Seguro, presentarán sendas solicitudes de libertad o de nulidad de lo actuado.

Lo anterior dado que el principio de favorabilidad señala que los procesados tienen derecho a ser investigados por la reglamentación que más les convenga.

El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla Paucar, advirtió que esa es una de las consecuencias que dejó la aprobación de la Reforma a la Justicia que incluye una modificación al sistema de juzgamiento de los aforados.

“Se va a caer todo lo que es la ‘parapolítica’, la ‘yidispolitica’, todos los que no habían pasado ya a un juzgamiento porque el juez cambia, y tienen por el principio de favorabilidad derecho a lo que más conveniente les parezca. Yo veo esto desastroso, mejor dicho, perdimos lo que habíamos avanzado en la oralidad, muchos lustros”, dijo.

A su turno, el exmagistrado de la Corte Suprema, Alfredo Gómez Quintero, señaló que en la conciliación de la Reforma a la Justicia no quedó fijado “cuál es la suerte de los expedientes que actualmente se adelantan en la Corte tanto en etapa de investigación previa como en etapa de juzgamiento”.

En un primer momento, se entiende que los procesos actuales tendrán que ser repartidos en la nueva Sala de Investigación y Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia.

“El asunto tiene que ser asumido por las Cortes para que se vaya trazando una jurisprudencia que aplique las nuevas disposiciones”, consideró el expresidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández.

Bajo estas premisas, un Hábeas Corpus podría permitir la libertad de personas como los excongresistas santandereanos Rafael Castillo y Nelson Naranjo, capturados en marzo pasado por ‘parapolítica’; o bien, el exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, porque aunque ya está en juicio por presuntas irregularidades en la ejecución de AIS, el cambio de juez natural avala la solicitud tanto de libertad como de nulidad de lo actuado.

Igualmente estarían en vilo los juicios en la Corte contra el exsenador Iván Moreno Rojas por el ‘Carrusel de la Constratación’; el del exsecretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, y la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, por ‘chuzadas’.

Recomposición de la Corte

La Reforma a la Justicia introdujo en la Corte Suprema de Justicia una Sala de Investigación y Calificación integrada por seis magistrados, tres para la investigación en primera instancia y otros tres para la segunda instancia para los aforados constitucionales que, además, no podrán ser objetos de medida de aseguramiento hasta que no haya resolución de acusación en firme.

Igualmente, se creó una Sala de Juzgamiento para la primera instancia que estará compuesta por cinco magistrados que serán elegidos para períodos de ocho años por la Corte Constitucional de listas conformadas mediante convocatoria pública, por la Sala de Gobierno Judicial.

Pero, para la segunda instancia de juzgamiento, el Congreso dispuso que sea la Corte Suprema de Justicia en Pleno la que tome la decisión. Con esta nueva composición, la Sala de Casación Penal actual de la Corte Suprema de Justicia, que llevó a la cárcel a decenas de congresistas durante 20 años, funcionará de ahora en adelanta sólo para temas de casaciones.