Defensoría insiste en declaratoria de emergencia social carcelaria

Colprensa | LA PATRIA | Bogotá

Ante el hacinamiento carcelario y de las URI, así como de las graves condiciones en que están los presos, y la radicalización del paro del funcionarios del Inpec, el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, insistió en que se debe declarar la emergencia social carcelaria.

Otálora indicó que esto permitiría que el presidente de la República, Juan Manuel Santos, tenga facultades extraordinarias “no solo para las reformas procesales que se consideren convenientes, sino para planes de choque en la contratación, en la ubicación de sitios y en la construcción de nuevos espacios de centros carcelarios”.

Otálora dijo que es necesario que el Gobierno Nacional y el sindicato del Inpec reanuden el diálogo ya que el anuncio del Inpec, de cesar actividades en Bogotá va a empeorar la crisis del sector.

“Lamentablemente la información que tenemos es que esas negociaciones están en hora cero. No ha pasado absolutamente nada, no hay una conversación fluida. El Gobierno Nacional no se ha sentado hablar con los sindicatos y eso hace más gravosa la situación”, señaló.

Grave situación humanitaria

Dada esta coyuntura la Defensoría realizó una nueva visita de inspección humanitaria a los centros de detención transitoria, evidenciando la presencia de 1.333 personas, 667 de ellas en las Unidades de Reacción Inmediata y 666 más en las estaciones de policía, los calabozos de la SIJIN y las celdas del CTI de la Fiscalía en el complejo de Paloquemao.

Durante el recorrido, los funcionarios de la institución constataron también la convivencia de, al menos, 80 mujeres que en celdas, pasillos y exteriores, comparten espacio con hombres sindicados y condenados por diferentes delitos.

Así mismo, se encontraron 20 personas enfermas con patologías que van desde la tuberculosis y la epilepsia, pasando por la diabetes y la deficiencia renal, hasta internos con cáncer de garganta y sida, la mayoría de los cuales denuncia inasistencia médica y maltrato por cuenta del hacinamiento que ya supera el 200%.

Uno de los casos que presentó la defensoría tiene que ver con el de una joven de 18 años que tiene 3 meses de embarazo y que fue golpeada dentro de la URI de Kennedy. Además, se indicó que la joven quedó en embarazo estando ya detenida.

“Es un tema en el que estamos pidiendo atención prioritaria. La madre se encuentra en este proceso y ya lo pusimos en conocimiento de las autoridades”, apuntó.

Llamado

La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos hizo un llamado para poner fin a la Operación reglamento de los guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) con miras a evitar que entren en un cese de actividades.

De acuerdo con el documento emitido por la entidad, “un cese de actividades por parte del Inpec vulneraría los Derechos Humanos de los internos en los diferentes centros penitenciarios del país”, especialmente de aquellos que se encuentran en las URI y estaciones de Policía.

El Consejero Presidencial concluyó haciendo un llamado a los guardianes del Inpec “a realizar una reflexión constructiva para que el ejercicio de su legítimo derecho a la protesta no afecte los Derechos Humanos de los internos”.

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CUT rechaza anuncios del Gobierno

La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) expresó su condena a los que llamaron “anuncios represivos del Gobierno frente al paro de Asonal Judicial, el paro de la Fiscalía y la operación reglamento de los guardianes del Inpec, en cuanto al inicio de procesos penales a quienes continúen con el cese laboral y quienes impidan el acceso a los despachos judiciales”.

En criterio de la CUT, “el Estado no ha prestado atención a los reclamos de los trabajadores”y añade “el paro judicial y la operación reglamento se solucionan con voluntad política a través del diálogo social y la negociación”, motivo por el cual la CUT hizo un llamado a instalar oportunamente una mesa que solucione el conflicto.

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Foto | Colprensa | LA PATRIA

Hacinamiento en URI de Kennedy.