Corte ordena reestructuración del sistema carcelario

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

En histórica sentencia, la Corte Constitucional estableció una serie de lineamientos que deben ser tenidos en cuenta obligatoriamente cuando el Congreso de la República busque modificar el sistema carcelario.

En ese sentido, el Congreso deberá aplicar el estándar constitucional mínimo de una política criminal respetuosa de los derechos humanos, cuando tramiten proyectos de ley que incidan en la formulación de la Política criminal para el sistema carcelario y penitenciario en el país, indica en la sentencia el alto tribunal.

Lo mismo deberá hacer el Gobierno, la Fiscalía, el Ministerio de Justica y de la Presidencia cuando se adelanten dichas reformas y, el Congreso deberá contar con un concepto previo del Consejo Superior de Política Criminal y ajustar posibles modificaciones a dicho sistema.

A crear medidas distintas que la cárcel

La Corte dispuso que el Congreso, el Gobierno y la Fiscalía deben promover la creación y la implementación y ejecución de un sistema amplio de penas y medidas de aseguramiento alternativas a la privación de la libertad. Así, en seis meses deberá estructurarse una política pública de concientización ciudadana sobre los fines de derecho penal y la medida de aseguramiento para que se reconozcan alternativas de sanciones y las limitaciones que existen en las prisiones para resocializar a los reclusos. Igualmente, se exhortó al Congreso y al Minjusticia para que se revise el monto de las penas que existen en la legislación actual.

Sistema de información

En seis meses el Ministerio de Justicia tiene que crear un sistema de información unificado, serio y confiable sobre política criminal, que cree estadísticas y bases de datos sobre la criminalidad en el país, que permitan proponer soluciones; así como la creación de un sistema de medición del impacto que las leyes en la materia tienen en el sistema carcelario, la creación de bases de datos sobre la medida de aseguramiento y que se realice una revisión sobre la fiabilidad de la información relacionada con la creación y adecuación de cupos.

Comité interdisciplinario

La Defensoría del Pueblo deberá crear un Comité Interdisciplinario que se dedique a analizar las necesidades que hay en los penales del país hasta consolidar una Norma Técnica sobre la Privación de la Libertad en Colombia en un lapso de nueve meses. Entre tanto, el Minjusticia tendrá que depurar las bases de datos y estadísticas sobre la capacidad real de los cupo en las cárceles del país, teniendo en cuenta las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana y así poder verificar el nivel real de hacinamiento.

Agua, comida y baños

El Inpec deberá poner a disposición de los internos las duchas y baños que realmente se necesiten en los penales, ajustar las condiciones para que la visita conyugal se pueda dar en condiciones dignas e íntimas, crear un protocolo para el trato higiénico de los alimentos y garantizar en tres meses que haya una adecuación de la infraestructura de aguas negras y agua potables.