Corte IDH evalúa complejo caso de persecución a la Unión Patriótica

EFE | LA PATRIA | SAN JOSÉ

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) comenzó ayer la audiencia por el complejo caso de graves violaciones a los derechos humanos a unos 6.000 miembros e integrantes del Partido Unión Patriótica en Colombia durante 20 años, ante lo cual, el Estado asegura que está aplicando un proceso de justicia transicional interno que debe respetarse.

Este proceso también es inédito en el sentido de que tanto el Estado como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentaron el caso a la Corte IDH ante una serie de diferencias en asuntos como la lista de víctimas, las medidas de reparación y la aplicación de la justicia transicional.

La demanda, presentada a la Corte en 2018 por la CIDH, afirma que "el caso se relaciona principalmente con un exterminio compuesto de múltiples y sucesivas violaciones al derecho a la vida, desapariciones forzadas y desplazamientos de particular gravedad y magnitud, y tiene un carácter emblemático en Colombia".

Estos hechos ocurrieron a partir de 1984 y durante al menos 20 años, contra unos 6.000 miembros o militantes de la Unión Patriótica (UP), quienes habrían sido víctimas de desapariciones forzadas, amenazas, hostigamientos, desplazamientos forzados y tentativas de homicidio, perpetrados tanto por agentes estatales como por actores no estatales con la complacencia de los otros.

En la audiencia de ayer, los jueces escucharon el testimonio de la presidenta de la UP, Aída Avella, quien relató que sobrevivió a un atentado el 7 de mayo de 1996 y luego tuvo que vivir asilada en Suiza por 17 años, antes de regresar a Colombia donde siguió recibiendo amenazas.

También declaró María Eugenia Guzmán, viuda de José Antequera, un líder fundador de la Unión Patriótica que fue asesinado en 1989.

Guzmán aseveró que hubo una "matanza selectiva solamente por pertenecer a Unión Patriótica" y que todos los días había víctimas, y detalló que su esposo fue asesinado "delante de miles de personas por disparos de una ametralladora que dejó a más personas heridas".

La agente del Estado colombiano, Juana Acosta, aseguró que Colombia reconoce y rechaza los hechos de violencia contra los miembros e integrantes de la UP y que las víctimas "merecen ser reconocidas", pero explicó que existen serias diferencias con lo planteado por la CIDH.

La audiencia ante la Corte IDH se extenderá hasta el próximo viernes.