Corte colombiana declaró inexequible otro decreto de emergencia económica en La Guajira
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La Corte Constitucional Colombiana declaró, este jueves, inexequible otro decreto de la emergencia económica, social y ecológica propuesta por el Gobierno del presidente Gustavo Petro el departamento de La Guajira. 

La norma que no pasó el control de constitucionalidad fue la que fijó una sobretasa de 1.000 pesos (unos 24 centavos de dólar de hoy), cobro que se efectuaría por seis meses y que estaba asignado, según el Gobierno, para atender las necesidades de La Guajira en acueducto y red eléctrica.

Esa sobretasa también le endosaba un aporte de 5.000 pesos (un poco más de 1,2 dólares de hoy) a los estratos comerciales e industriales del país.

Sin embargo, la Corte señaló que ese gravamen "no está relacionado con la prestación del servicio de agua o el saneamiento básico, y su existencia en el ordenamiento jurídico, aunque haya sido temporal, compromete intensamente el principio democrático y el principio de legalidad de los tributos".

"Los recursos recaudados (...) deberán ser devueltos a los contribuyentes mediante compensación con la facturación del servicio de energía eléctrica", señala la Corte en un comunicado publicado este jueves.

Al respecto, el presidente Petro escribió en su cuenta de X (antes Twitter) "¿dónde estará la justicia?", cuestionando la determinación de la Corte Constitucional.

El pasado 3 de octubre la Corte declaró inconstitucional el "decreto madre" por el cual el Gobierno declaró la emergencia económica en La Guajira.

Posteriormente, el alto tribunal declaró que cinco decretos relacionados con esa emergencia declarada el pasado 2 de julio eran "inexequibles".

Ese paquete de decretos estaba relacionado con sectores priorizados en la declaratoria en asuntos referentes a la salud, educación, energía, acceso al agua y saneamiento básico, entre otros.

La Guajira es el departamento con las cifras más altas de desnutrición infantil, con un total de 1.954 casos de desnutrición aguda en menores de 5 años el año pasado, en una región habitada mayoritariamente por comunidades indígenas wayúu que viven en condiciones muy precarias, con dificultades de acceso al agua, alimentación y otros servicios básicos. 

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