Colombia, comodín político de la crisis en Venezuela

Lorena Beltrán

Colprensa | LA PATRIA | Bogotá

Aunque las discrepancias de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro han puesto sobre la mesa que las relaciones entre Colombia y Venezuela se pueden romper, la crisis actual no irá más allá de la que ocurrió el 17 de agosto de 1987, cuando una gran movilización de las fuerzas armadas de ese país esperaban órdenes del entonces presidente, Jaime Lusinchi, para atacar.

Días antes, la Corbeta de la Armada Colombiana ARC Caldas, se encontró con la cañonera Libertad venezolana, provocando el mayor problema diplomático en las relaciones con el vecino país, tras reclamaciones de ambos países sobre el golfo de Coquivacoa.

Esta misma diferencia limítrofe revivió, luego de que el vecino país emitiera un decreto con el que buscaba establecer la delimitación de áreas marinas y submarinas a través de la creación de varias Zonas Operativas de Defensa Integral Marítima e Insular, Zodimain.

A esto se suman ya conocidos problemas en la frontera terrestre, una de las más extensas de la región (2.219 kilómetros) y una de las más habitadas en Suramérica; que por fenómenos como el contrabando, el comercio ilegal y la presencia de actores armados y estructuras criminales mantiene en jaque a los gobiernos de ambos países.

Antes y después de Chávez

Si bien los conflictos más tensos entre Colombia y Venezuela han sido provocados por conflictos territoriales, la llegada de Hugo Chávez al poder, en 1999, cambió la razón de las disputas entre ambos.

Según Román David Ortíz, politólogo y director de la firma de consultoría sobre cuestiones de riesgo político, Decisive Point, algunas medidas del régimen chavista exceden las fricciones normales de dos países vecinos.

“Lo que tenemos es que hay un régimen por naturaleza agresivo y radical. Hemos tenido un gobierno en Venezuela que quiere expandir, al costo que sea, un proyecto ideológico que es la revolución bolivariana”, indicó.

De allí que además de las diferencias por territorios, se sumaran ingredientes políticos a la discusión por un choque de modelos: el antiliberalismo de la economía venezolana y el capitalismo en modernización de Colombia.

En la coyuntura actual por el cierre de la frontera ordenado por Nicolás Maduro, analistas explican que Colombia se convirtió en una salida política a la crisis social y económica que afecta a Venezuela y a la popularidad del chavismo frente a las elecciones regionales de diciembre próximo.

Hasta elecciones

Andrés Mejía Vergnaud, analista político y autor del libro “El destino trágico de Venezuela”, explica que si bien faltan elementos para que esta crisis termine en enfrentamientos bélicos, las relaciones quedarán en la peor situación, desde que llegó el gobierno de Santos con el empeño de recuperar el diálogo resquebrajado durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

“El gobierno de Venezuela tiene por primera vez, desde que el chavismo llegó al poder, una alta probabilidad de perder el poder legislativo y por la situación económica, la presión interna para generar este tipo de crisis que llamen al patriotismo alrededor de un conflicto externo es muy grande”, indicó el experto.

El analista señala que aunque la crisis permanecerá, por lo menos hasta época electoral, la mejor salida para el gobierno colombiano es mantener el nivel del conflicto con Venezuela y no permitir que escale.

Sobre la participación de terceros y de organismos multilaterales, como es el caso de la Unasur o la OEA, el analista no considera que tenga mayor alcance en cuanto al cierre de la frontera, por la ineficiencia de los mismos en otros conflictos previos en países de la región.

Mientras tanto, para presionar un avance en el diálogo, otros sectores políticos ya proponen congelar los activos económicos del gobierno de Venezuela para evitar que haya violaciones a los derechos humanos de los deportados.

El próximo 3 de septiembre se realizará la reunión extraordinaria de cancilleres de la Unasur, mientras tanto la OEA decidirá la fecha de un encuentro similar para exponer el caso de los deportados colombianos.

Sin embargo, el país deberá confiar en el derecho internacional para garantizar tanto el respeto de su territorio, como el de los derechos de los más de mil connacionales que, como advirtió el presidente Santos, "creyeron vivir en suelo amigo" y ante intereses políticos, hoy sufren las consecuencias de las decisiones unilaterales de Nicolás Maduro.

No se solucionará pronto

De acuerdo con un informe del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, las medidas tomadas por el gobierno venezolano podrían resultar convenientes para el contexto político actual.

El documento del Cerac explica que Maduro pretende frenar el desabastecimiento y mantener los subsidios y el control en los precios de los alimentos, mientras que en el caso colombiano el cierre traería consecuencias económicas positivas, al evitar que las poblaciones fronterizas se aprovechen del diferencial cambiario de la moneda venezolana.

“Esto podría contribuir a disminuir el contrabando, que es el principal flujo de mercancías en la zona”, señala el texto, aun así aclara que “las consecuencias económicas del cierre no generarían grandes beneficios si se compara con los problemas sociales que causa”.

Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2.219 kilómetros con tres puestos migratorios terrestres en Paraguachón (La Guajira), Cúcuta (Norte de Santander) y Arauca (Arauca), y uno fluvial en Puerto Carreño (Vichada), y el resto son cruces ilegales, muchos de ellos en zonas selváticas.