Arturo Char procede de una familia de magnates y políticos, que incluye a su hermano Alejandro Char, exalcalde de Barranquilla que reaspira a ese puesto en octubre, y que cuentan con cadenas de almacenes, constructoras y el propio equipo de fútbol que el investigado presidió, el Junior de Barranquilla.

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Arturo Char procede de una familia de magnates y políticos, que incluye a su hermano Alejandro Char, exalcalde de Barranquilla que reaspira a ese puesto en octubre, y que cuentan con cadenas de almacenes, constructoras y el propio equipo de fútbol que el investigado presidió, el Junior de Barranquilla.

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EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ

La Corte Suprema de Justicia decretó prisión preventiva y emitió orden de captura internacional contra el expresidente del Senado Arturo Char, miembro de uno de los “clanes” políticos más importante de la costa Caribe, por presuntos hechos de corrupción electoral y compra de votos.

Arturo Char, que fue senador hasta el pasado 6 de febrero cuando dimitió para defenderse en la Justicia después de ser imputado en noviembre del 2022, es “investigado por presuntos delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante agravados”.

La Corte Suprema decidió dictar “medida de aseguramiento de detención preventiva intramural” y para esos efectos emitir una orden de captura internacional, con circular roja de la Interpol, pues vive en Estados Unidos.

Char es investigado por “el supuesto acuerdo delictivo para comprar votos en Atlántico, el cual posiblemente se materializó en octubre del 2017, y en el que habrían intervenido un número plural de personas, entre otros Arturo Char Chaljub y Aída Merlano Rebolledo”, explicó la Corte Suprema en un comunicado.

Merlano, que aspiró en el 2018 al Senado, fue detenida también por compra de votos, pero protagonizó en el 2019 una espectacular huida de las autoridades desde una clínica de Bogotá hasta Venezuela, desde donde fue deportada el pasado marzo.

La Corte Suprema considera ahora que el “concierto delictivo (entre ambos) habría ido más allá de un simple convenio político”, puesto que para que Merlano fuera elegida al Senado y Arturo Char reelegido “se habrían ejecutado delitos contra los mecanismos de participación democrática, a través de la compra de votos”.