"El fallo contra Manizales Segura es desproporcionado", Esinco

Ángela Hurtado
LA PATRIA|MANIZALES

Una acción popular que iba en contra del impuesto al teléfono terminó con la orden de liquidar a Manizales Segura. La  empresa administra desde 2006 el recaudo municipal, unos 150 millones de pesos mensuales, según Esinco, firma que la gerencia.
El fallo en primera instancia de la jueza séptima administrativa de descongestión, Sandra Milena Rincón Sánchez, que se conoció ayer, exige la disolución de la empresa en un término de seis meses y declara responsables al Municipio de Manizales y a la Sociedad Manizales Segura S.A. de la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público.
La acción popular interpuesta por Enrique Arbeláez Mutis en el 2009 pedía que se dejara de cobrar el impuesto y, en caso de que se mantuviera, se instalaran CAI móviles en las comunas más críticas y se incrementara el pie de fuerza en la zona rural, especialmente en la vereda San Peregrino.
Sin embargo, la jueza negó las peticiones y mantuvo el impuesto, pues ya se había declarado legal en otro proceso. También dispone que "el Municipio reasuma el cobro, administración e inversión de recursos que se recaudan por el impuesto al teléfono" y le exige rendir cuentas a la ciudadanía el próximo año. Envió copias del fallo a las Contraloría Municipal y de la República y al juzgado penal del circuito de Manizales, que lleva una demanda contra la empresa.

Puntos encontrados
Los socios privados están preocupados, aseguró Carlos Iván García, abogado de Esinco, que también llevó el caso de la acción popular en nombre de Manizales Segura. "Es un fallo desproporcionado y desbordado. Fuera de contexto, pues la jueza asume una decisión que no le corresponde y que no tiene relación con lo que estaba pidiendo el accionista, que era quitar el impuesto", manifestó.
Por su parte, el alcalde Jorge Eduardo Rojas se mostró sorprendido, pues aún no lo han notificado del fallo y desconoce las bases de la decisión. Afirmó que en principio se ajustará a las decisiones judiciales, pero primero evaluará con sus abogados si disolver la sociedad puede acarrearle demandas de los socios privados. De ahí decidirá si apelar del fallo. 
Esinco considera que la jueza tomó como pruebas la auditoría de la Contraloría Municipal del 2006, sin considerar los nuevos informes que muestran que se han corregido las fallas y también se modificaron las formas de contratación para ajustarse a la ley de empresas de economía mixta. "Miraremos qué acciones legales tomar, pues en la creación de la sociedad el Municipio adquirió unos compromisos y en las cláusulas de disolución no se incluía una medida judicial".

"Podemos manejar recaudo"
Manizales Segura está manejando actualmente el mejoramiento del circuito cerrado de televisión de la ciudad. La Alcaldía gestionó el proyecto ante el Ministerio del Interior y se instalarán 60 nuevas cámaras de vigilancia. El alcalde afirma que en caso de tener que liquidar la sociedad no habría ningún problema con los proyectos de su administración. "La empresa ha mejorado en operación, es un canal creado para administrar el recaudo, pero no importa dónde esté el dinero, se seguirán los planes para la seguridad de Manizales", afirmó.
Sin embargo, el abogado García explicó que el fallo lesiona los intereses de los cuatro socios privados. Esinco tiene un 37% y los otros tres un 3%. Añadió que vulneraron sus derechos al no vincularlos al proceso. "La jueza no tomó en cuenta que la empresa no ha generado otro hecho que la ponga en tela de juicio y tiene conceptos favorables de los entes de control. Veremos si se estructura la apelación. Buscaremos la manera de que el fallo se vaya al Tribunal Administrativo", concluyó.

El juicio está en espera
Manizales Segura se creó el 7 de julio de 2006. La Contraloría Municipal le abrió un caso de responsabilidad fiscal ese mismo año. De la investigación se derivó un proceso penal que está vigente y vincula a 20 implicados, entre ellos el exalcalde Luis Roberto Rivas; el exsecretario de Gobierno municipal, Julián Andrés Vasco Loaiza, y el exrepresentante legal de la entidad Ariosto Montoya. También están investigados contratistas de esa sociedad. A los implicados les imputaron delitos contra la administración pública, como interés indebido en la celebración de contratos, violación al régimen de inhabilidades y contratación sin el cumplimiento de requisitos legales. Hace dos meses el juez se declaró impedido para el juicio y el caso está en espera de un nuevo árbitro. El proceso no quiere decir que sean culpables, pues será un juez quien decida sobre su responsabilidad una vez culmine el juicio.