EFE | LA PATRIA | CARACAS
La Asamblea Nacional de Venezuela (AN) aprobó ayer, con el mayoritario voto opositor y en ausencia del chavismo, un acuerdo para responsabilizar al presidente del país, Nicolás Maduro, de la ruptura del orden constitucional y la consecuente crisis política, social y económica.
El acuerdo fue aprobado después de que los diputados opositores expusieran múltiples argumentos en contra del presidente y después de que la bancada chavista se negara a participar en el debate.
Lo aprobado contempla pedir al Ministerio Público que examine los hechos expuestos y se pronuncie sobre la procedencia de solicitar un antejuicio de mérito contra el presidente de la República, en medio de una aguda escasez de alimentos y medicinas y una disparada inflación. También se emplazó a una comisión especial que concluya con la mayor celeridad las consultas para declarar el abandono del cargo en la Presidencia, alegando que Maduro incumple con sus funciones constitucionales.
El jefe de la bancada oficialista del Parlamento venezolano, Héctor Rodríguez, dijo ayer que el Legislativo, de mayoría opositora, pretende dar un golpe de Estado al utilizar figuras que no existen en la Constitución para destituir al presidente, Nicolás Maduro.
En ese sentido, indicó que es "importante que los diputados de la Mesa de la Unidad, que la directiva de la AN, quien ha ejercido su función de forma irresponsable, asuma todas las consecuencias de un juicio al presidente de la República y asuma todas las consecuencias de un golpe de Estado que están intentando dar".
El diputado chavista Pedro Carreño recordó que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió una sentencia en la que pide a los diputados y diputadas de la AN abstenerse de continuar con el "juicio político al presidente.
"Por lo tanto, si esa sentencia del 15 de noviembre ordena a la AN que se abstenga y hoy (ayer) de manera deliberada lo hace, se está cometiendo una reincidencia en el desacato", aseguró, por lo que, a su juicio, con el debate "no se logra nada porque no tiene ni carácter vinculante, ni valor probatorio, y por lo tanto es inoficioso".
Cerrada la frontera
La canciller colombiana, Angela Holguín, pidió ayer al Gobierno de Venezuela diálogo para que los comerciantes colombianos de la frontera no se vean perjudicados por la decisión de Caracas de cerrarla durante 72 horas.
En unas declaraciones a la prensa en Madrid, donde acompaña al presidente, Juan Manuel Santos, en su gira europea tras recibir el Nobel de la paz, Holguín se refirió a esa medida del Gobierno de Maduro adoptada en el proceso de retirada de los billetes de 100 bolívares.
Holguín aseguró que cada día entran a Colombia 50 mil venezolanos para adquirir productos que no encuentran en su propio país y un medio de pago habitual es el billete de 100 bolívares, que los comerciantes colombianos aceptan como medio de pago.
La retirada de este billete en un plazo de 72 horas podría perjudicar a los comerciantes que no tendrían tiempo para cambiar todo ese dinero que legalmente aceptan, subrayó.
“El informe que me ha entregado Asocambios es que no hay bolívares en la ciudad, que no somos lavadores de divisas como lo plantea el gobierno venezolano, por lo cual no estamos afectando a Venezuela. Los comerciantes así como recibían los bolívares los iban llevando a las casas de cambio y estas también iban saliendo de esos billetes”, indicó el alcalde de Cúcuta, César Rojas.
Destacado
Miles de venezolanos acudieron ayer a las entidades bancarias públicas y privadas del país para despojarse de sus billetes de 100 bolívares, el de más alta denominación en la moneda local, que perderá su valor y dejará de circular mañana por orden del presidente del país, Nicolás Maduro.
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