Uruguay da espaldarazo a Perú

DAVID BLANCO BONILLA
EFE | LA PATRIA | LIMA
La decisión del Gobierno de Uruguay de rechazar el pedido de asilo diplomático al expresidente peruano Alan García es un espaldarazo a la lucha anticorrupción, que han emprendido el Gobierno y las autoridades judiciales de Perú.
La sorpresiva decisión de García de ingresar el 17 de noviembre en la residencia del embajador uruguayo en Lima puso en entredicho todo el andamiaje jurídico armado por fiscales y jueces, así como por el Gobierno de Martín Vizcarra, quien ha puesto a la lucha anticorrupción como primer punto de su agenda.
García es investigado por la Fiscalía por la presunta comisión de los delitos de colusión y lavado de activos en un caso de sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht en la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima.
El expresidente esgrimió la Convención sobre el Asilo Diplomático de 1954, a pesar de que esta establece que la medida de protección no procede cuando ya existe un proceso o una imputación en marcha en el fuero judicial por delitos comunes.
Al momento de anunciar ayer su decisión, el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, enfatizó que en Perú “funcionan libremente los tres poderes del Estado”, con lo que concedió, de manera simbólica, el certificado de “democracia” internacional al que aludió el ministro de Justicia y Derechos Humanos peruano, Vicente Zeballos.
La semana pasada, Zeballos aseguró que García había puesto a Uruguay en “una circunstancia bastante delicada”, al tener que fijar una posición internacional sobre la democracia en Perú.
El ministro remarcó que, al contrario de lo que afirma García, en su país existe un estado de derecho sin interferencia de poderes y con libertades absolutas, al punto que funcionarios de Estado como la actual vicepresidenta Mercedes Aráoz también afrontan imputaciones de la Fiscalía.
Y es que el Gobierno peruano tomó muy mal que García denuncie una judicialización de la política, como si detrás de los procesos que afrontan cuatro expresidentes por corrupción hubiese una intromisión del Ejecutivo.
Al respecto, el canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, señaló ayer que las investigaciones judiciales contra García “no constituyen persecución política” y se refieren a asuntos económicos y administrativos vinculados a sus dos gestiones como presidente, de 1985-1990 y 2006-2011.
La medida fue tomada con beneplácito por las autoridades peruanas, que tras el pedido de asilo enviaron un informe de más de mil páginas para justificar que el exgobernante no es perseguido por sus ideas sino que afronta investigaciones por presunta corrupción.
Para el canciller peruano, Néstor Popolizio, la decisión del presidente Vázquez ratifica a nivel internacional “que en Perú existe democracia, división de poderes, estado de derecho y debido proceso”.
De esa manera, aún sin quererlo y de una forma indirecta, el gobierno de Tabaré Vázquez le ha dado un aval internacional a la dura, y difícil, lucha que emprendió  Perú para investigar las denuncias de corrupción que alcanzan a políticos y autoridades.
Ahora toda la ciudadanía espera que se ratifique lo que afirmó el presidente Vizcarra: que en su país “nadie tiene corona” y que la democracia “garantiza la independencia de poderes y el debido proceso”.

Alan García afirmó ayer, en una carta leída por su secretario, que se pondrá “a disposición de las investigaciones” que le sigue la Justicia de su país.