Paula Bayarte

EFE | LA PATRIA | Lima

La Fiscalía de Perú afronta desde ayer un terremoto interno, que también ha tenido réplicas en el Ejecutivo y en el Congreso, tras el inicio de una investigación por la existencia de una presunta red criminal encabezada por la fiscal general, Patricia Benavides, dedicada al tráfico de influencias.

En respuesta, Benavides destituyó a la fiscal a cargo de la investigación y también denunció ante el Congreso a la presidenta, Dina Boluarte, y al primer ministro, Alberto Otárola, por cinco muertes en las protestas antigubernamentales que sacudieron el país de diciembre del 2022 a marzo pasado.

La Fiscalía apunta a red de tráfico de influencias

La mañana de ayer empezó con la detención del asesor de Benavides Jaime Villanueva y con el allanamiento de su vivienda y oficina. La situación se replicó con otros dos miembros de la Fiscalía cercanos a la fiscal general.

El Equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder (Eficcop), a cargo del caso, investiga la existencia de una presunta red criminal encabezada por Benavides, a la que acusa de influir "ilícitamente en decisiones de congresistas".

Señala que esto ocurrió al menos en tres ocasiones: para promover la destitución de los titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la designación del actual defensor del pueblo, Josúe Gutiérrez y la inhabilitación por el Congreso de la exfiscal general Zoraida Ávalos.

Esta presunta red criminal de la Fiscalía, según las investigaciones, supuestamente influenció en las decisiones de congresistas que benefician a la fiscal general, a cambio de que esta blindara a varios parlamentarios.

Los chats filtrados

Una serie de chats filtrados a la prensa, muestra cómo Villanueva señala que es el único autorizado para hablar en nombre de Benavides y se pone en contacto con parlamentarios para influir en la votación de la inhabilitación de Ávalos por cinco años. También argumenta ante diversos congresistas las razones para elegir al actual defensor del pueblo.

Además, hay conversaciones de Villanueva con parlamentarios sobre la votación para destituir a los miembros de la JNJ, una institución que ha iniciado investigaciones contra Benavides.

La apertura de esas pesquisas en el Congreso con el fin de cesar a los miembros del máximo órgano de gobierno de la judicatura fueron denunciadas por diversas organizaciones por socavar la división de poderes y la democracia.

Según la investigación, son 37 los congresistas que presuntamente están vinculados al caso, aunque de momento ninguno se ha pronunciado al respecto.

Réplica con una denuncia a Boluarte

Mientras se conocían más detalles de la denominada "Operación Valquiria V", dos fiscales supremos pidieron la renuncia de Benavides, y el fiscal Rafael Vela, quien era jefe del equipo que investiga el caso Lava Jato, afirmó que una organización criminal ha tomado la Fiscalía.

Algunos congresistas comenzaron a pedir un adelanto de elecciones y la ciudadanía se mantiene a la espera de un pronunciamiento de la Junta Nacional de Justicia, organismo que puede cesar a Benavides.

Benavides emitió un pronunciamiento, acompañada por dos de los seis fiscales supremos y anunció que la investigación es un "ataque premeditado" y un "intento torpe" de los "poderosos que no quieren ser investigados".

Anunció de inmediato que ha denunciado por la presunta comisión del delito de homicidio agravado a la presidenta Boluarte y al primer ministro, además de a otros tres exministros del Interior que ocuparon esa cartera durante las protestas.

Un escenario incierto

La denuncia contra Boluarte solo puede ser presentada ante el Congreso, puesto que se trata de un caso cometido mientras esta ejercía la Presidencia, por lo que será el Legislativo el que decida si la acepta a trámite y si, a su vez, se toman decisiones respecto a los parlamentarios implicados.

El artículo 117 de la Constitución peruana establece que un presidente en funciones solo puede ser acusado por traición a la patria, la disolución irregular del Parlamento o impedir el funcionamiento de los órganos electorales, entre otros supuestos constitucionales.

Sin embargo, Benavides denunció en 2022 al entonces presidente Pedro Castillo. Según explicó entonces la Fiscalía, este tipo de denuncias constitucionales son un procedimiento que permite determinar si personas con inmunidad han cometido delitos durante el ejercicio de sus funciones.

Por el momento, el Legislativo suspendió el pleno previsto para ayer y durante los próximos días tendrá que debatir si procede la denuncia, una decisión que puede derivar en un nuevo choque de trenes entre poderes o una protección de la presidenta.

También está en el aire el futuro de Benavides, en caso de que no ceda a las presiones y dimita. Podría ser cesada por la Junta Superior de Fiscales o por la JNJ.

En caso de continuar como cabeza de la Fiscalía también deberá resolver una compleja coyuntura que ha puesto en duda su liderazgo de la institución.