Brasil cree que expectativa de amnistía acelera deforestación de Amazonía

La selva amazónica en territorio brasileño perdió 388,13 kilómetros cuadrados entre enero y marzo, una cifra 2,5 veces superior a los 152,9 kilómetros cuadrados del primer trimestre del año pasado, según datos presentados por la ministra.



Teixeira aseguró que "no hay crisis ni un aumento de deforestación", puesto que los datos se mantienen "estables" si se comparan en períodos de tiempo más amplios. 

También se debe tener en cuenta la variación de la nubosidad, que afecta a las mediciones realizadas por satélite, agregó.



Las nubes cubrían el 55 por ciento de la Amazonía en marzo, una cifra inferior a la de meses anteriores y a la de la misma época del año pasado, lo que ha permitido detectar ahora zonas que fueron deforestadas desde el pasado noviembre, en el inicio de la época de lluvias.



El 85 por ciento de la destrucción de la selva registrada en el primer trimestre sucedió en el estado de Mato Grosso, una pujante región agrícola en la frontera sur de la Amazonía. La ministra dijo que hay "indicios" de que algunos terratenientes de esa región han aumentado la destrucción de la selva en sus haciendas con la esperanza de salir impunes cuando el Congreso apruebe la polémica reforma de las leyes que regulan el uso de los suelos rurales, conocidas como el Código Forestal.



No obstante, Teixeira dijo que "no se puede afirmar" si este factor ha influido de forma determinante en el número total de deforestación.



El Código Forestal, que está siendo analizado por la Cámara de los Diputados, propone una amplia amnistía para los hacendados que, en las últimas décadas, destruyeron la selva donde estaba prohibido para cultivar o criar ganado. El proyecto también plantea que las áreas de selva protegidas en propiedades privadas en la región amazónica, que son hoy equivalentes al 80 por ciento, se reduzcan a un 50 por ciento.

Las autoridades también detectaron que la deforestación se triplicó en el estado de Roraima, en la frontera con Venezuela y Guyana, lo que podría deberse a la "migración" de algunos madereros desde el estado de Pará, donde la policía intensificó la fiscalización en los últimos años. EFE