La sanción se ordenó tras las denuncias de organizaciones y familias de víctimas de desaparición por incumplimiento de las medidas cautelares.

Foto | Cortesía JEP | LA PATRIA

La sanción se ordenó tras las denuncias de organizaciones y familias de víctimas de desaparición por incumplimiento de las medidas cautelares.

Autor

El gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez; el alcalde de Riosucio, Marlon Tamayo, y el alcalde de Supía, Marco Antonio Londoño, presentaron recursos con lo que pretenden evitar pagar la multa y el arresto que ordenó la JEP por supuestos incumplimientos a las medidas cautelares.

A los funcionarios se les exigía brindar garantías y acompañamiento a las comisiones encargadas de buscar cuerpos de víctimas de desaparición forzada en Riosucio y Supía, así como construir osarios para depositar los restos de cuerpos identificados y proteger los cementerios.

Durante la primera semana de diciembre se llevó a cabo la audiencia de seguimiento a las medidas, en las que distintas entidades tuvieron la oportunidad de rendir cuentas. Sin embargo, las familias afectadas no se sintieron satisfechas con las explicaciones y la segunda opción de los funcionarios tampoco llenó las expectativas de la JEP.

En consecuencia, se emitió una orden de desacato contra el gobernador y los dos alcaldes, quienes contaban con un plazo de cinco días hábiles para rendir cuentas. Una vez se cumplió el plazo, la Jurisdicción determinó que debían pagar una multa y arresto.

 

Sus explicaciones

Sandra Milena Ramírez, secretaria jurídica de la Gobernación, dijo que sí se ha prestado apoyo logístico en recorridos bimestrales a los puntos de interés forense en el resguardo San Lorenzo y por eso interpondrán el recurso de apelación bajo el argumento de que existen evidencias de los acompañamientos.

El alcalde de Supía, Marco Antonio Londoño, indicó que la Administración municipal entregó los protocolos ordenados para mitigar el riesgo en los tiempos establecidos.

Añadió que la comunidad indígena está establecida en su mayoría en Riosucio y solo le corresponde La Línea, compuesta por siete familias. Aun así se ha cumplido con labores de verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas de desaparición forzada y también apelará.

La Alcaldía de Riosucio emitió un comunicado en el que indicó que se han invertido $132 millones en los cementerios de El Carmen y San Nicolás, ha adelantado gestiones para cumplir, pero requieren del apoyo de las demás instituciones vinculadas al fallo. Anunciaron que interpondrán recurso de apelación.

Orden contra gobernadora del Valle

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad ordenó ayer el arresto de Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle del Cauca, al considerar que incumplió las medidas cautelares que buscan proteger zonas de interés forense.