Esperan medida de protección para resguardo indígena San Lorenzo

LA PATRIA | MANIZALES

“Necesitamos recuperar esos cuerpos esquelitizados para armonizar el territorio”, dicen con insistencia los voceros y autoridades del resguardo San Lorenzo, para quienes el hecho de que hayan depositado cadáveres de desaparecidos en sitios inadecuados afecta el agua, las cosechas, los animales y perturba a las personas.

Por eso pidieron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) medidas especiales para proteger esos lugares de su geografía, considerados sagrados, con el objetivo de recuperar los cuerpos, que se encuentran dispersos.

En torno a esta solicitud se unieron organizaciones acompañantes, durante una audiencia realizada el miércoles y jueves en el Centro de Pensamiento del corregimiento de San Lorenzo, de Riosucio. La diligencia judicial la presidió la Sala de Ausencia Reconocimiento.

El magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la sala, reconoció que las familias de los desaparecidos, se han visto solos y con los desgastes que trae enfrentarse a una institucionalidad fragmentada y frecuentemente ausente, “que además desconoce las prácticas socioculturales de las comunidades afectadas”.

La magistrada María del Pilar Valencia, recordó la necesidad de dignificar a las víctimas de delitos atroces cometidos en los territorios ancestrales. “Debido a la estigmatización de la que han dado cuenta las autoridades étnicas, muchos delitos han estado invisibilizados por décadas. El miedo y la zozobra han impedido que las víctimas hayan hecho denuncias públicas ante las autoridades por el riesgo de revictimización”, enfatizó.

En el resguardo estuvieron los magistrados Reinere Jaramillo, Alejandro Ramellí (presidente de la sala) y María del Pilar Valencia.

Problema con historia

Luis Arbey Gañán, miembro del Consejo Regional Indígena de Caldas (Cridec) relató que el impacto de las violencias del siglo pasado se inician desde que se recuperó el territorio ancestral entre los 70 y los 80.

Luego se volvió el corredor de grupos armados, que también pusieron su cuota de violencia. Por si fuera poco el ejercicio de la participación política reconocida a partir de la Constitución de 1991 también fue motivo de derramamiento de sangre.

Angie Bermúdez, integrante del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), precisó que el exterminio cultural, social y físico se ha materializado en acciones militares, políticas y simbólicas.

Arahugo Gañán, representante de los gobernadores del resguardo, reconoció que el conflicto por la tierra fue históricamente generador de violencia.

Carolina López Giraldo, coordinadora del Centro de Estudios sobre Conflictos, Violencia y Convivencia Social de la Universidad de Caldas (Cedat), llamó la atención, entre otros aspectos, sobre las actuaciones de la Fuerza Pública.

Anotó que en desarrollo de esas acciones se dieron las detenciones y desapariciones a comuneros, entre ellos Evaristo Andica, José Nicolás Gañán Tapasco, Fabián de Jesús Bueno, Orlando de Jesús Tapasco y Jaime Gañán Largo. Hasta hoy se desconoce su paradero.

Aunque existe una medida cautelar para los cementerios de Riosucio y Supía, se espera que la información aportada durante la audiencia motive un nuevo auto en el que se proteja el cementerio del resguardo y otras áreas de las que se tiene información como posibles ubicaciones de desaparecidos.

La audiencia se inició con un ritual de armonización, a cargo de médicos tradicionales.

Acciones regionales

A la audiencia fueron citadas la Gobernación de Caldas, la Defensoría Regional del Pueblo, las alcaldías de Supía y Riosucio, así como las personerías de ambos municipios, que resaltaron algunos programas y articulaciones institucionales para la atención a las víctimas. Al respecto la magistrada Valencia cuestionó que la mayoría se refirió a los cementerios de los municipios, pero no al del resguardo.

Entidades nacionales

Un delegado de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y otro del Ministerio del Interior comparecieron, de manera virtual. También se escuchó un informe de la Fiscalía, que a su vez fue controvertido por la Corporación Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (Equitas), que acusó algunas inexactitudes.

Recomendaciones

En la parte final de la audiencia la Sala de Reconocimiento anunció que podrían ordenar algunas medidas en los próximos días. Previamente las organizaciones acompañantes (Equitas, el Móvice, el Cedat y el Cridec) en conjunto hicieron algunas recomendaciones.

Las sugerencias tienen que ver con la intervención en el resguardo a partir del enfoque diferencial étnico y de género. Esto significa que se tengan en cuenta las tradiciones socioculturales, la participación de las autoridades indígenas y la capacitación de la Guardia en aspectos relacionados con la protección de lugares con posible disposición de cuerpos.

En la audiencia se denunció que podría haber interés de algunos actores en retirar los cuerpos inhumados en fosas clandestinas, lo que iría en contra del objetivo de sanear y armonizar el territorio.

De otro lado, insistieron en que se desarrollen los procedimientos técnicos y científicos para la plena identificación de personas desaparecidas. Entre ellas las tomas de muestras biológicas de ADN y determinar el universo de personas aún no reportadas en el registro.

Solicitaron ampliar la protección a cementerios y lugares como Irra, Marmato, La Felisa y Filadelfia, en Caldas, y La Pintada y Bolombolo, en Antioquia. La labor de Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) será fundamental en las fases de exhumación, caracterización y tomas de muestras.

Los magistrados, en un receso, se desplazaron hasta el cementerio de San Lorenzo y depositaron una ofrenda floral en el osario común, en donde se encontrarían restos de personas desaparecidas.