Sorany Franco Pérez.

Sorany Franco Pérez.

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LA PATRIA | MANIZALES

Sorany Franco Pérez está inmersa en líos judiciales, esta vez en Dagua (Valle). Las autoridades de ese municipio reportaron la aprehensión de 16 personas por el delito de avasallamiento, que parte de una pena de 48 meses de prisión, y lo comete quien "por sí o por terceros, ocupa de hecho un bien inmueble ajeno, lo usurpa, invade o desaloja, con incursión violenta o pacífica, temporal o continua. Cuando la conducta se realiza mediante el concurso de un grupo o colectivo de personas, la pena se incrementa en una tercera parte.

El caso de esta pensilvanense ocurrió en el corregimiento El Carmen (vereda Tocota). "Los hechos se habrían presentado cuando la señora Franco Pérez, en compañía de 15 acompañantes, ingresó mediante vías de hecho a una finca de esa vereda, al parecer, con el objetivo de desalojar las propiedades de los encargados y solicitar su retiro del inmueble de manera inmediata. Sorany dice ser la legítima dueña del predio", narró el informe de Carabineros.

En audiencia pública ante el Juzgado Promiscuo Municipal con Funciones de Control de Garantías se les dio medida de aseguramiento domiciliaria a cinco personas y a 11 la no privativa de la libertad. Es decir, quedan libres, vinculadas al proceso.

En junio pasado, Minambiente ordenó, mediante auto 180, iniciar un proceso sancionatoria ambiental en contra de esta caldense por actividades de aprovechamiento forestal y explanaciones en ese predio donde fue detenida.

Antecedente

El 11 de julio de 2013, 375 familias del Kilómetro 41 invadieron la hacienda Potrerillo. Denunciaron, supuestamente, que Sorany Franco, administradora de la propiedad, vendía lotes a $1 millón 300 mil. Por este caso no le aparece nada en Rama Judicial. Solo dos procesos, por otros delitos: uno archivado y otro cerrado por conciliación.

 

 

Esta mujer ha sido tres veces candidata a la Alcaldía de Pensilvania. En las más recientes se lanzó por Colombia Renaciente y obtuvo 95 votos.

 

 

Este proceso no quiere decir que sea culpable. Será un juez de la República quien determine si es o no responsable de ese delito.

 

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